​El Tribunal de Cuentas explica este martes en el Congreso sus salvedades con la contabilidad de Ciudadanos

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Cs, evaluado por el Tribunal de Cuentas


El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, acude este martes al Congreso de los Diputados para explicar sus dudas con la contabilidad declarada por Ciudadanos correspondiente al ejercicio 2015.


Un asunto que el PP ha utilizado para atacar a los de Albert Rivera, a los que afea que 'venda' un mensaje de regeneración democrática pese al "demoledor" informe del fiscalizador, en el que Ciudadanos sólo ve una diferencia de "apreciación contable" de determinados conceptos.


Álvarez de Miranda da cuenta del informe de fiscalización de las cuentas de 2014 y 2015 de los partidos y de las aportaciones recibidas por las fundaciones y demás entidades vinculadas a ellos, en el que el fiscalizador no avala la contabilidad de 2015 de nueve partidos, entre ellos Cs, IU, Compromís, Convergència (CDC) -socio de la nueva Junts per Catalunya-, y EH Bildu, tras detectar demasiadas incidencias, deficiencias y discrepancias que limitan de examen.


Dicho informe examina las cuentas anuales de 30 partidos que percibieron, directa o indirectamente, algún tipo de subvención pública para atender sus gastos de funcionamiento otorgada por el Estado o las comunidades autónomas, o como consecuencia de haber obtenido representación parlamentaria en los procesos electorales de 2015.


20 PASAN EL EXAMEN, AUN CON SALVEDADES


Aunque con salvedades, el Tribunal emitió una opinión favorable de 20 partidos respecto del ejercicio 2014, y de 19 en cuanto a 2015, incluyendo al PP, al PSOE y Podemos. Por contra, no aprobó las cuentas de siete partidos en 2014 -

-IU, Compromís, Aralar, EH Bildu, CDC, Eusko Alkartasuna (EA) y Partido Aragonés-, y hasta nueve en 2015 (las mismas más Cs y EH Bildu), debido a las limitaciones al alcance y/o a la importancia cualitativa de las salvedades puestas de manifiesto.


Por diversas razones, no fue posible emitir opinión sobre los estados contables de dos formaciones: Unió Democrática (UDC), el socio democristiano de CiU que acabó en concurso de acreedores, y Unión Progreso y Democracia (UPyD), ya abandonado por Rosa Díez y que no entregó gran parte de la documentación que se le pedía.


LA DEUDA CON LOS BANCOS SUPERA YA LOS 233 MILLONES


La deuda con entidades de crédito del conjunto de formaciones políticas ascendía, a finales de 2015, a 233,3 millones (193,9 millones un año antes).


Al cierre de los ejercicios fiscalizados, seis formaciones presentaban patrimonio neto negativo, incluyendo a Iniciativa per Catalunya (hoy en En Comú), UDC y la federación de CiU. En el caso de estas dos últimas organizaciones, que ya no concurren a elecciones aunque sí buena parte de sus antiguos dirigentes, su situación de desequilibrio patrimonial ya se había puesto de manifiesto en informes de fiscalización anteriores.


En sus recomendaciones, el Tribunal de Cuentas propone que las formaciones políticas que presenten durante dos o más ejercicios económicos una situación patrimonial negativa ajusten sus actividades económicas con objeto de alcanzar el necesario reequilibrio patrimonial y elaboren un plan de saneamiento para evitar caer en situaciones de insolvencia, habida cuenta de que los ingresos públicos representan la mayor parte de los ingresos registrados.


IRREGULARIDAD SANCIONABLE EN PNV, IU Y NC


La institución denuncia también que una docena de formaciones no presentaron en 2014 y 2015 el preceptivo informe relativo a la revisión del sistema de control interno prescrito en la Ley de Financiación de Partidos Políticos, entre ellas PNV, Geroa Bai, IU, Nueva Canarias, Bildu (junto a la marca Sortu y la antecesora Amaiur), BNG, CDC, UDC y la federación CiU.


El Tribunal de Cuentas avisa de que "la falta de un sistema de auditoría o control interno a que hace referencia dicho precepto podría constituir una irregularidad sancionable tipificada en el artículo 17 de la mencionada Ley Orgánica".


Se detectaron además otros incumplimientos que también podrían constituir infracciones sancionables, como la no identificación de los cargos públicos o de los donantes que realizaron aportaciones a las formaciones políticas, la no determinación de las personas físicas que efectuaron donaciones, las donaciones aceptadas de personas jurídicas pese a la prohibición de 2015, la participación indirecta, a través de sociedades mercantiles, en los rendimientos procedentes de la actividad mercantil, o el incumplimiento del deber de colaboración por las formaciones políticas con el Tribunal de Cuentas.


El informe revela más incumplimientos que no son sancionables, como la no apertura de cuentas bancarias específicas para el ingreso de cuotas, aportaciones y donaciones; la falta de ingreso de cuotas, aportaciones y donaciones en cuentas bancarias específicas; las donaciones de personas jurídicas sin aportar el acuerdo del órgano social competente (antes de la entrada en vigor de la prohibición); así como asignaciones a los grupos políticos en las entidades locales ingresadas directamente, por las entidades concedentes, como subvenciones en las cuentas bancarias de funcionamiento ordinario de los respectivos partidos políticos.


UN TERCIO SIGUE SIN PUBLICAR LAS CUENTAS EN LA WEB


Pese a los compromisos de transparencia, trece formaciones en 2014 y 11 en 2015 no publicaron en su web, o al menos no de forma completa, las cuentas anuales de cada ejercicio; además, doce formaciones no habían publicado en su web el Informe del Tribunal de Cuentas de 2013. Tampoco se habían aprobado ni publicado las instrucciones internas preceptivas en materia de contratación por 22 formaciones políticas.

Entre las grandes cifras del informe se destaca que la financiación pública de los partidos llegó de las subvenciones de funcionamiento ordinario, por importes totales de 171,9 millones de euros en 2014, y 160,7 millones en 2015 (incluyendo subvenciones para gastos de seguridad por 2,7 millones de euros, en cada uno de los ejercicios); y de subvenciones electorales, por 30,9 millones de euros, en 2014, y 102,7 millones, en 2015.


La financiación privada, por su parte, ascendió a un total de 52,9 millones de euros, en 2014, y a 65,3 millones, en 2015, y procedía, fundamentalmente, de: cuotas y aportaciones de afiliados, por importe total de 23,2 millones de euros en 2014, y de 23,4 millones en 2015; aportaciones de cargos públicos, por 16,7 millones de euros en 2014, y 17 millones en 2015; y donaciones privadas, por 4,5 millones de euros en 2014, y 6 millones en 2015.


Entre sus recomendaciones, el Tribunal pide también que las cuentas anuales consolidadas de las formaciones políticas incluyan la actividad desarrollada por todos los grupos institucionales de los partidos políticos, a fin de que reflejen la imagen fiel de la formación considerada como una única realidad económico-financiera. Asimismo, deberían regularse los requisitos y condiciones en las que dichos grupos institucionales puedan hacer aportaciones a los partidos.

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