Fiscalía pregunta al juez si es viable detener a Puigdemont en Suiza
El expresidente de la Generalitat tiene previsto participar el domingo en un debate sobre autodeterminación.
Puigdemont en la reunión con JxCat en Bruselas.
La Fiscalía ha solicitado al magistrado del Tribunal Supremo que instruye la causa del 'procés', Pablo Llarena, que, con motivo del anunciado viaje del expresidente Carles Puigdemont el domingo y la exconsellera Meritxell Serret el próximo martes a Ginebra (Suiza), se adopten las medidas cautelares complementarias tales como retirada del pasaporte de los fugados y se les detenga para su extradición a España.
El Ministerio Fiscal explica que se solicita a la Oficina de Cooperación Internacional del Ministerio del Interior, en colaboración con Interpol, que realicen las gestiones necesarias ante las Autoridades competentes de Suiza a los fines de determinar la viabilidad de la detención de los fugados y de su reclamación a efectos de extradición.
El Ministerio Público solicita, en primer lugar, que el Ministerio de Asuntos Exteriores informe en relación a las gestiones realizadas por el expresidente catalán y la exresponsable de la Conselleria de Agricultura ante los representantes diplomáticos de España en Suiza para su participación en el Festival de Cine de Derechos Humanos (FIFDH) y en un acto del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Además pide que la Oficina de Cooperación Internacional del Ministerio del Interior, en colaboración con Interpol, realice las gestiones necesarias ante las autoridades competentes de Suiza a los fines de determinar la viabilidad de la detención de Puigdemont y Serret y su reclamación a efectos de extradición.
En tercer lugar, interesa que se tramite en el Tribunal Supremo la adopción de medidas cautelares complementarias consistentes en la "limitación de la validez del pasaporte" para Puigdemont y Serret, quienes se encuentran en Bélgica desde finales de octubre de pasado año cuando dejaron España junto con los otros tres miembros del Govern cesado Clara Ponsatí, Toni Comín y Lluís Puig.
Sobre ellos se mantiene vigente la orden de detención nacional dictada por la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que comenzó investigando esta causa.
Sin embargo, el propio Llarena les retiró las órdenes europeas e internacionales de detención dictadas por la juez para evitar que se vieran beneficiados respecto del resto de imputados en esta causa.
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