Los funcionarios siguen sin paga extra tras aplazar los independentistas el debate en el Parlament

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Pleno del parlament


Los grupos parlamentarios de JxCat, ERC y la CUP han registrado este jueves en la Mesa del Parlament un escrito de reconsideración para que el pleno no incluya el decreto ley sobre el retorno del 20% de la paga extra a funcionarios de la Generalitat de 2012, el órgano con mayoría de JxCat y ERC lo ha aceptado y ese punto decae del orden del día, han explicado fuentes parlamentarias.


Estaba previsto que, por primera vez desde el inicio de la legislatura, el Parlament adoptará medidas relacionadas con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, y convalidara dos decretos ley aprobados por el Gobierno central mediante la intervención de la autonomía, que tratan sobre la prórroga presupuestaria y sobre el retorno de la paga extra de 2012 a los funcionarios.


Sin embargo, el reglamento de la Cámara dicta que dicha convalidación la haga un miembro del Govern durante el pleno, pero como no hay Govern, debería ser un miembro del Gobierno quien lo hiciera, y el miércoles remitieron una carta en el Parlament diciendo que no lo harían, por lo que los partidos independentistas han retirarlo del pleno para evitar "posibles recursos contra su aprobación".


A la salida de la reunión de la Mesa, varios grupos han criticado que la mayoría independentista haya decidido no abordar estos decretos, en especial el de la paga extra, porque lo consideran un movimiento "partidista" sobre algo que afecta a muchas personas y que es urgente.


Fuentes parlamentarias han recordado que ya se aprobó un decreto ley del Govern en el Parlament sin que hubiera un miembro del Govern o del Gobierno central para validarlo: se hizo antes de la proclamación de Roger Torrent como presidente de la Cámara, con la Diputación Permanente y con un decreto sobre las incapacidades temporales de funcionarios de justicia.


Fue un decreto ley que el Ejecutivo catalán aprobó el 24 de octubre, antes de aplicarse el artículo 155 de la Constitución, con el cual equiparaban las condiciones del personal de la Administración de Justicia en cuanto a las prestaciones económicas de incapacidad laboral con el resto de trabajadores de la Generalitat.


Tras aplicarse el 155, la Cámara validó el decreto ley para poder aplicarlo a través de la Diputación Permanente, por lo que los grupos de la oposición han exigido que se haga de nuevo, pese a no tener un representante del Ejecutivo central, porque todos los grupos están de acuerdo y nadie va a recurrir que la cámara avale pagar parte de la extra de 2012 a los funcionarios catalanes.


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