​La Guardia Civil registra la sede del Diplocat de Barcelona

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Guardia Civil



Agentes de la Guardia Civil han entrado este jueves en la sede del Consejo de Diplomacia Pública de Catalunya (Diplocat), en la avenida Diagonal de Barcelona.


Los agentes registran dos despachos por orden del Juzgado de instrucción de Barcelona número 13,  que investiga la organización del referéndum del 1 de octubre.


El Diplocat, que se encarga de tareas de diplomacia catalana, tenía que disolverser definitivamente por orden del artículo 155 de la Constitución.


El antiguo jefe de comunicación del Diplocat, Martí Estruch, ha calificado de "acto de propaganda pura y dura" el registro de la Guardia Civil en la institución.


Ha recordado que este viernes se cierran las oficinas del Consejo de Diplomacia Pública de Catalunya, que fue disuelto por el Gobierno central en aplicación del artículo 155 de la Constitución, y ha afirmado que el registro tiene como objetivo "demostrar quien tiene el poder y quien aplica el 155 con plena eficacia".


Registro diplocat


Ha explicado que ocho agentes de la Guardia Civil han entrado en la sede del Diplocat sobre las 09.45 horas con una orden de registro y que están mirando principalmente ordenadores y teléfonos móviles.


A pesar de que no consta en la orden de registro, ha asegurado que un agente le ha dicho que buscan "pagos y temas relacionados con la visita de observadores internacionales por el referéndum del 1 de octubre".


Ha remarcado que tanto la Guardia Civil como la Sindicatura de Cuentas ya fueron al Diplocat con anterioridad y que "cualquier información que pudiesen buscar o encontrar hoy ya la habían encontraron hace días".


"En estas oficinas quedan trabajadores que mañana se van al paro y lo que hay en una oficina: ordenadores, archivadores...", ha indicado.


ANTECEDENTES


El juez Ramírez Sunyer, que investiga la organización del 1-O, ordenó que se investiguen las cuentas del consorcio público-privado Diplocat con el fin de averiguar si figuran pagos a los observadores internacionales que se desplazaron a Catalunya con motivo de el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre.


Así lo exponía el magistrado en una providencia el pasado 9 de febrero con la que atendía al requerimiento formulado por la Guardia Civil de cara a esclarecer si se produjo delito de malversación de fondos públicos para emplearlos en la consulta.


La Policía Judicial pedía que se rastree en las cuentas del Diplocat por si de estas se abonaron gastos de viaje y alojamiento derivados de la presencia de diversos observadores internacionales para verificar el referéndum anulado por el Tribunal Constitucional.


Recordaba en su oficio que ya se solicitó a la Asesoría Jurídica de la Generalitat información sobre los costes económicos del referéndum ilegal, en concreto sobre el traslado, la estancia y dietas de los distintos observadores internacionales.


El órgano respondió que la celebración de la consulta no supuso desembolso para ningún departamento del Govern que presidía Carles Puigdemont.


Sin embargo, el Instituto Armado considera que, "dada la opacidad para esclarecer la posible malversación y concretamente el papel diseñado por Diplocat", se debe acceder al denominado punto neutro.


LISTADO DE EMPLEADOS Y CUENTAS EN HACIENDA


Se pedía recabar información sobre el listado de trabajadores del consorcio dados de alta en la Seguridad Social, las cuentas del ente que constan en la Agencia Tributaria y aquellas en las que figure como titular o autorizado el exsecretario general de Diplocat Albert Royo.


El magistrado investiga desde febrero del año pasado por presuntas irregularidades en torno al proceso soberanista a una decena de personas, entre las que se encuentran el exjuez Santiago Vidal, el exsecretario de Hacienda catalán Lluís Salvadó y el que fuera secretario general de Vicepresidencia Josep María Jové.


En febrero el Tribunal Supremo acordó mantener la disolución de Diplocat acordada por el Gobierno mediante Real Decreto el pasado 27 de octubre.


El alto tribunal rechazó la medida cautelar solicitada por la Associació Catalana de Municipis (ACM) de dejar en suspensión esta decisión que el Ejecutivo de Mariano Rajoy adoptó por la aplicación del artículo 155 de la Constitución.


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