La Generalitat crea un plan con 86 medidas para prevenir y combatir el fraude fiscal

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La Generalitat crea un plan con 86 medidas para prevenir y combatir el fraude fiscal

La Generalitat ha presentado este miércoles el Plan de prevención y reducción del fraude fiscal y de fomento de las buenas prácticas tributarias 2015-2018, el primero de carácter plurianual y que incluye 86 medidas enmarcadas en cuatro ámbitos: prevención del fraude; control tributario, detección y regularización; implicación social, y medidas organizativas y de dotación de recursos y medios.

El conseller de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, ha afirmado en rueda de prensa que "no es fruto de la improvisación" sino que ve la luz tras meses de trabajos preparatorios, y forma parte del Pacto de estabilidad parlamentario y el plan de Govern 2013-2016.

Entre las medidas del plan se incluye el incremento del personal de la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) en 276 plazas de funcionarios hasta 2018 -especialmente para el control tributario y la recaudación-; que todos los impuestos que gestiona la Generalitat -los propios y los cedidos totalmente- se puedan pagar electrónicamente en 2016; pedagogía a los estudiantes de ESO, y la creación de un equipo específico para el seguimiento y difusión periódica de las actuaciones contra el fraude.

La ATC está formada actualmente por 324 funcionarios, que se incrementarán en 114 nuevas plazas en 2015 -25 para inspectores-, y la plantilla total prevista para 2018 es de 600 personas, además de las 300 de los organismos colaboradores en la Xarxa Tributs de Catalunya, ha explicado la directora de la ATC, Teresa Ribas.

El plan prevé crear un equipo entre la administración tributaria y universidades para calcular el 'tax gap' (brecha fiscal) de Catalunya, es decir la diferencia entre los ingresos fiscales potenciales y los recursos que se recaudan efectivamente, cuyos resultados respecto al año 2014 podrían saberse en la primera mitad de 2016, ha calculado el director del Programa para la aplicación y desarrollo de los tributos de Catalunya, Jordi Boixareu.

Ha añadido que, en un plazo de entre tres y cinco meses, también se crearán equipos de investigación patrimonial para localizar a contribuyentes y patrimonios objeto de una ocultación deliberada en el extranjero.

Otras medidas del plan persiguen la asunción gradual -entre este año y mediados de 2016- de la recaudación ejecutiva (reclamación de impuestos y multas impagadas) de los tributos gestionados por la Generalitat, que ahora se encargan a la Agencia Tributaria estatal por falta de personal propio de la Generalitat.

Asimismo, habrá un control específico de sectores como el inmobiliario, el turístico, el del juego, el de las subastas, el de los vehículos, el de las joyas y el de la compraventa de oro y de artículos de segunda mano, entre otros, y habrá obligación de suministración periódica de información para entidades financieras, intermediarios turísticos e inmobiliarios y empresarios revendedores de bienes muebles de alto valor.

También se mejorarán las herramientas informáticas para que los contribuyentes puedan conocer y tramitar sus datos fiscales, y se creará un buzón para que cualquier persona pueda denunciar de forma anónima supuestos casos de fraude fiscal, aunque deberá aportar documentación o indicios que lo respalden.

Para la aplicación del plan, la ATC buscará la colaboración con el resto de administraciones -desde la estatal a las locales- y con los intermediarios fiscales como los asesores, gestores, notarios y entidades financieras, ha enumerado Ribas.

Ha resumido que los dos objetivos estratégicos son "el incremento lo más alto posible" de la recaudación voluntaria, y la mayor eficacia en la prevención y corrección del fraude.

No hay una cifra prevista de aumento de recaudación, pero Ribas ha ejemplificado que aumentar la plantilla en 20 inspectores supone poder abrir actas de detección de fraude fiscal por valor de entre 80 y 90 millones de euros.

El plan también contempla incorporar ventajas a la hora de relacionarse con la administración pública para aquellas personas y empresas que cumplen sus obligaciones fiscales, con distintivos como 'Buen contribuyente' o 'Empresa fiscalmente responsable', en reconocimiento a sus buenas prácticas.

CALIDAD INSTITUCIONAL

El conseller Mas-Colell ha afirmado que la lucha contra el fraude fiscal define "la calidad institucional y democrática de un país", y que es responsabilidad del Govern fomentar cumplimiento de la legalidad tributaria, a la vez que ello repercute en una mayor recaudación para las arcas públicas.

Ha recordado que la ley impide desvelar datos tributarios de personas concretas, y preguntado por si se debería publicar la lista de 715 personas de especial relevancia pública que se acogieron a la amnistía fiscal del Gobierno central, ha instado a consultarlo con expertos jurista.

"Pediría a los juristas qué dice la ley: si se ha de publicar, se debe; si se puede, se debe decidir, y si no se puede, no hay que romper el imperio de la ley por los sentimientos del momento", ha argumentado, ya que ha aseverado que la calidad institucional depende en gran medida del imperio de la ley.

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