Esperando a Rajoy

Robert Pastor

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Contra las sospechas de un nuevo aplazamiento, fuentes del gobierno andorrano no sólo han confirmado la próxima visita del jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, el día 8 que viene, sino que han ampliado detalles como que la estancia será de dos días y que vendrá acompañado por el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro.

Contra las sospechas de un nuevo aplazamiento, fuentes del gobierno andorrano no sólo han confirmado la próxima visita del jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, el día 8 que viene, sino que han ampliado detalles como que la estancia será de dos días y que vendrá acompañado por el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro.

Desde el primer anuncio explicamos que este miembros del ejecutivo español no sufren el principado pirenaico la misma «mala prensa» que el Principado vecino, por lo menos, entre sus homólogos del gabinete de Toni Martín, con los que mantienen una relación fluida y de proximidad, como se demostró a raíz de los encuentros recientes, y con la aceleración de las negociaciones para cerrar el acuerdo contra la doble imposición fiscal (CDI), imprescindible para la expansión hacia el sur de las actividades empresariales y de profesionales andorranas y, de paso, mejora relativa en el intercambio bilateral de información, a la espera de la definitiva, que llegará en el marco de las relaciones entre Andorra y la OCDE.

Este sería el «regalo» de los visitantes, por lo demás una especie de gesto acostumbrado en caso de viajes de mandatarios en el extranjero. Este, además, marca un hito, porque será el primer presidente de un gobierno español que, a pesar de la proximidad, visite los valles andorranos oficialmente. Hace algunos años, reiteradamente, anunció que lo haría el Rey Juan Carlos, venido de hecho en varias ocasiones, pero siempre de incógnito.

Hasta ahora, y en las últimas informaciones del consejo de ministros desde Madrid, no ha trascendido que se haya cerrado definitivamente el CDI. Esto podría explicar, al menos en parte -al margen del interés turístico y / o cultural de los visitantes- que la estancia sea de dos días, para dar tiempo al tramo final del acuerdo, primero entre Montoro y su homólogo Jordi Cinca, y después con la ratificación de los respectivos jefes.

Se intuye que los gobernantes españoles deberán pedido, o como mínimo preguntado, dentro de la cortesía diplomática, sobre una posible reacción de protesta en la calle contra estos visitantes insólitos por parte de los residentes catalanes y los andorranos originarios del principado vecino, que pasan de los 20.000 dada la situación en el sur de la frontera, sobre todo de las relaciones entre Cataluña y el Estado español.

Sin embargo, cuesta imaginar una expresión pública y en las calles de este malestar, y menos masiva, por la habitual pasividad de la ciudadanía hacia este tipo de manifestaciones, ni siquiera cuando se trata de grandes colectivos que mantienen reivindicaciones tan teóricamente extendidas, y manifestadas en los medios, como las de los miles de funcionarios contra los recortes de derechos, o por el primero de mayo, cuando se renunció a la convocatoria, en otros lugares tan masivamente seguida, porque apenas pasaron del medio centenar las personas concentradas ante la sede central del gobierno.

Esperando Rajoy, los casos indirectamente relacionados con intercambios de información fiscal siguen donde estaban. La comisión rogatoria sobre los datos de la Colina, aunque con respuesta negativa después de que la juez de Barcelona emitiera el auto declarando que no encuentra «indicios razonables» de delitos diferentes de la evasión fiscal, a falta de pruebas y por mucho que pueda «intuir».

Por su parte, el alcalde de Barcelona Xavier Trias ha conseguido, al menos, que la Alcaldía (juzgado, que no alcaldía) admita a trámite la petición, en este caso del denunciado aparentemente en falso, de un certificado que no tiene cuenta a ninguna entidad bancaria del país. De momento, el órgano judicial ha remitido la demanda a la Asociación de bancos (ABA), con su aval, aunque sin muchas esperanzas de que la decisión denegatoria pueda cambiar, por la obligación de secreto, mientras dure.

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