CGT Catalunya advierte sobre una nueva Reforma de las Mutuas para privatizar la salud 

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Un comunicado de la CGT informa contra la Ley de Mutuas tramitada en el Senado el pasado 18 de diciembre con los votos de PP, CiU y PNV, y que próximamente será definitivamente aprobada por el Congreso con un texto que atenta gravemente contra el derecho a la Salud de la clase trabajadora. 

Según el comunicado el nuevo redactado es cada vez más definitivo de la ley de Mutuas (y que en pocas semanas puede entrar definitivamente en vigor) no deja lugar a ninguna duda. A golpe de BOE, el objetivo de esta ley es nuevamente reducir aún más los períodos de bajas médicas de los trabajadores dando nuevas herramientas a las Mutuas patronales para presionarnos para devolver a los puestos de trabajo aunque no estemos curados . Nuevamente, se legisla para privatizar el servicio médico, en detrimento de nuestra salud bajo la argumentación de hacer más "sostenible" el sistema de Seguridad Social.

Las llamadas Mutuas de Accidentes de Trabajo, asociaciones patronales supuestamente "sin ningún ánimo de lucro" (pero salpicadas por múltiples casos de corrupción), inicialmente sólo tenían competencias en las bajas y invalideces por Accidente de Trabajo. Pero desde 1994, diferentes gobiernos estatales han legislado para extender sus posibilidades de acción, permitiendo que "controlaran" cada vez más ámbitos de las bajas por Enfermedad Común, bajo el argumento de su "efectividad" en dar altas médicas, según demuestran (y denuncian) las estadísticas. Los trabajadores parecemos curarnos "milagrosamente", en aplicación de los criterios economicistas de las Mutuas, mucho más estrictos que los médicos de la Seguridad Social, y más que los ya restrictivos criterios de los tribunales médicos (ICAM en Cataluña).

El resultado es que hoy en día más de la mitad de trabajadores y trabajadoras estamos asegurados en Mutuas patronales para las contingencias comunes, y las drásticas medidas aprobadas por el gobierno español el 18 de julio, y la tramitación en el Senado de la nueva Ley el pasado 18 de diciembre, acentúan la ampliación de sus posibilidades de acción en los siguientes aspectos:

1- Posibilita el control de la situación médica y poder hacer propuestas de altas médicas por Enfermedad Común desde el primer día. La nueva ley permite a las Mutuas inspeccionar la situación médica y realizar propuestas de alta desde el primer día, con obligación de respuesta por parte de la Seguridad Social. Esta competencia acentúa las posibilidades de control e inspección de las Mutuas en contingencias comunes, con el objetivo declarado de reducir los períodos que necesitamos los trabajadores para recuperarnos de una enfermedad.

2 - Se crean tablas de duración estandarizada de cada enfermedad, según edad y profesión. Este nuevo mecanismo busca intentar presionar a los médicos para dar altas médicas automáticas.

3 - Se amplía la potestad de las Mutuas de declarar justificadas o no las inasistencias a las revisiones médicas, aumentando así las posibilidades de alta médica incentivada por parte de estas entidades privadas.

La ministra Báñez, siguiendo las continuas e insaciables reclamaciones de la patronal, declara públicamente que su objetivo con estas medidas es reducir el dinero destinado a las Incapacidades Temporales (unos 300 millones anuales), reduciendo el tiempo medio de las bajas médicas. Por lo tanto, se quiere recortar nuevamente en una materia tan sensible socialmente como la salud laboral.

Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) de Cataluña han querido denunciar de nuevo a trevés de este comunicado que se está legislando contra los intereses de una gran mayoría de trabajadoras y trabajadoras, y en beneficio de una pequeña minoría capitalista. Pero además, en este caso, con el agravante de que se pone en peligro nuestra integridad física, haciendo retornar a personas en sus puestos de trabajo cuando aún no están en las condiciones de salud adecuadas.

Estas medidas se aprueban cuando, en contra de las declaraciones de las autoridades y la patronal, las estadísticas indican que los últimos siete años (desde el inicio de la crisis capitalista) las bajas médicas se han visto reducidas y acortadas, bajo la presión y la coacción diaria del paro, los despidos, la temporalidad y la precariedad laboral. En los últimos años cada vez más trabajadores han tenido que poner en riesgo su integridad física trabajando en condiciones de salud no adecuadas, bajo la amenaza de perder su puesto de trabajo.

Además, la prestación de servicios realizada sin una total recuperación médica es causante (entre otros factores) del aumento de los riesgos laborales y de múltiples accidentes de trabajo, en un contexto en el que en los primeros 5 meses del 2014 ha habido un aumento del 7,3% de los fallecidos en accidentes laborales, a pesar de haber menos trabajadores en activo.

Este intento de reducir por real Decreto las bajas, profundiza aún más en la dramática situación laboral actual, privatizando la sanidad pública y vinculante a los intereses empresariales la gestión de la salud laboral. Es, por tanto, una grave agresión a los derechos de los trabajadores.

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