El Supremo libra de la pena de cárcel a Sánchez Gordillo por ocupar la finca militar 'Las Turquillas'

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El Supremo libra de la pena de cárcel a Sánchez Gordillo por ocupar la finca militar 'Las Turquillas'

El Tribunal Supremo ha absuelto al alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo (IU), del delito de desobediencia por el que había sido condenado a una pena de siete meses de cárcel por ocupar la finca militar 'Las Turquillas' de Osuna (Sevilla) en julio de 2012.

La Sala de lo Penal ha estimado parcialmente los recursos interpuestos por Sánchez Gordillo, que recientemente renunció a su acta de diputado autonómico; el secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) Diego Cañamero; y los otros dos acusados Juan Vega y José Rodríguez Núñez al exonerarles del delito de desobediencia grave a la autoridad.

El alto tribunal mantiene el delito de usurpación de inmueble que se les imputa y que lleva aparejada una multa de 1.200 euros. Los magistrados remarcan que no cabe apreciar el delito de desobediencia grave pues la negativa de los ocupantes a abandonar voluntariamente la finca es "precisamente el contenido de injusto que integra el delito de usurpación".

"El acto simbólico de protesta social -atípico- se convierte en delictivo porque los acusados habían configurado la ocupación como indefinida, acordando no abandonar la finca hasta que fuesen obligados a ello por la fuerza", recoge la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Cándido Conde-Pumpido.

La sentencia explica que la absolución no significa legitimar la forma en que dicha protesta se ha realizado por mucho que fuera su respaldo social o político, "pues el comportamiento enjuiciado debe ser considerado en todo caso como delictivo, al actuar los recurrentes al margen de la legalidad vigente y debe ser sancionado como delito de usurpación por el carácter indefinido y persistente de la ocupación realizada".

ACCIÓN PARA DENUNCIAR INJUSTICIA

En la misma línea, recoge que la protagonizada por Gordillo y Cañamero era desde su inicio "una acción que pretendía incidir en la sociedad en general, y captar adhesiones, para poder denunciar lo que se consideraba un abuso o injusticia. De ahí que la publicidad sea uno de sus elementos característicos, como también su carácter colectivo, no individual, y su realización por un grupo de personas que comparten unas convicciones, y que cuentan con cierta coordinación".

En cualquier caso prosigue señalando que esta apelación para que "se reconsideren ciertas decisiones o para abrir o profundizar un debate público sobre los problemas de desempleo en la zona o el mejor uso de la finca ocupada", ya se cumple "con el simbolismo y la publicidad de la ocupación" y "no justifica en absoluto su carácter indefinido ni una persistencia que perturba de modo muy relevante y desproporcionado las facultades que competen al titular dominical".

Así, la Sala entiende que la prolongación de los acusados de la finca militar inicialmente realizada como una acción simbólica de protesta social, debe ser sancionada como delito de usurpación, sin el castigo adicional de desobediencia, sobre todo porque los acusados acabaron accediendo pacíficamente al desalojo cuando se recurrió a la fuerza policial.

HECHOS

Los hechos se remontan al 24 de julio de 2012 cuando, a las 10,00 horas y convocadas por el SAT, se concentraron en las inmediaciones del acceso lateral de Las Turquillas unas 500 personas, que llegaron hasta el lugar en siete autobuses y unos 80 vehículos particulares.

El grupo iba encabezado por una pancarta con el lema 'Andaluces levantaos. Pedid tierra y libertad. ¡Movilízate! Las Turquillas para los trabajadores'. Al frente de la comitiva estaban Cañamero, Sánchez Gordillo y otros dos militantes del SAT que contestaron a la Guardia Civil que "pretendían ocupar la finca para trabajar en ella y querían entrevistarse con los responsables de la Yeguada Militar".

Una vez estacionados los vehículos en una explanada contigua al acceso lateral de la finca, los asistentes se dirigieron hacia la portada franqueada por una cancela metálica cerrada por una cadena sujeta con un candado, y los rompieron, para acceder a la misma.

Un capitán de la Guardia Civil les comentó que estaban realizando "una acción ilegal" y debían desalojar la finca, si bien, ante la negativa del grupo, ordenó a los agentes a sus órdenes que no intervinieran "para evitar una mayor alteración del orden público o riesgos innecesarios, máxime ante la escasez de efectivos".

Ya dentro de la finca, todos los congregados del SAT recorren a pie unos tres kilómetros, de los que la parte final del camino es de uso exclusivo del personal de la Yeguada Militar, hasta llegar a otra puerta en la valla perimetral del acuartelamiento o acceso al Recinto Militar existente en el interior de la finca.

Cañamero, Sánchez Gordillo, y los otros dos militantes del SAT fueron recibidos en las dependencias oficiales del cuartel militar por dos de sus responsables, a quienes comentaron que reivindicaban el uso de la finca y pensaban ocuparla para trabajarla, ya que "debía ser utilizada por las personas del entorno y estaba improductiva".

Ambos jefes les advirtieron de que eso era "ilegal y no podían consentirlo", insistiendo los cuatro dirigentes sindicales que iban a ocupar la finca. De esta forma, desplegaron una especie de campamento y se quedaron allí unas 30 personas.

Un capitán de la Guardia Civil, que se desplazaba diariamente al lugar de ocupación de la finca, les recordaba diariamente a los ocupantes (unos 30 por día) la necesidad de desalojar la finca de forma voluntaria y les decía que estaban cometiendo un delito y era preferible el desalojo voluntario.

"Desatendiendo" esos requerimientos, las personas acampadas llevaron a cabo diversas actuaciones entre los días 24 de julio al 9 de agosto, entre ellas, la destrucción de los azulejos rústicos de cerámica colocados a la entrada del recinto militar, el acceso a un poco de agua que se encontraba cerrado, la circulación de vehículos por las tierras de labor, la rotura de candados, o el incendio de 18 placas de alpacas de paja.

Por ello, el Ejército de Tierra presentó ante la Guardia Civil una denuncia, y el 7 de agosto el Juzgado de Instrucción 1 de Osuna dictó un auto acordando el "inmediato desalojo" de la finca. La resolución fue comunicada por la Guardia Civil a Cañamero y Gordillo, que contestaron que "no abandonarían el recinto si no era a través del empleo de la fuerza", si bien el 10 de agosto los agentes procedieron al desalojo, sin incidentes de especial relevancia.

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