La defensa de Jordi Pujol pide revocar su imputación por "ausencia de indicios" de fraude

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Jordi Pujol cita ante la juez un manuscrito de su padre sobre su legado sin aportarlo

La defensa del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ha pedido que se revoque su imputación y la de cuatro miembros de su familia ante la "ausencia de indicios" de delito contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, por los que están citados a declarar el 27 de enero.

En un escrito de reforma presentado ante el Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona y al que ha tenido acceso Europa Press, los letrados piden "dejar sin efecto" el auto de imputación del expresidente; su mujer, Marta Ferrusola, y sus hijos Marta, Mireia y Pere.

Los cinco están acusados en el marco de la investigación abierta por la juez de Barcelona Beatriz Balfagón tras la confesión en julio del expresidente de que la familia ha tenido dinero sin regularizar en el extranjero durante tres décadas y que, según Pujol, procede de una herencia de su padre. Los abogados de Pujol no entienden por qué la juez les imputa por delito fiscal y blanqueo "sin esperar a las conclusiones de la Agencia Tributaria", que ya está investigando si la regularización de los fondos se hizo de forma completa y correcta. "Cuando la Agencia Tributaria confirme, como lo hará, que la regularización es correcta y completa, el daño estará hecho", lamentan en el escrito de 20 páginas remitido a la juez.

Lamentan que "la regularización en sí misma" sea la que lleva a la juez --según el escrito de la defensa de Pujol-- a sospechar de que han cometido una infracción penal. Creen que una imputación que se construye "sobre el solo indicio del reconocimiento y regularización de fondos en el extranjero debe ser rechazada por contraria al marco institucional" y menciona implícitamente los procesos de regularización fomentados desde el Gobierno.

Y es que consideran que, si la regularización es un indicio de delito, el "regreso a la legalidad tributaria" impulsada por el Gobierno está, a su juicio, radicalmente comprometida. También dicen que, en todo caso, estos fondos estaban en manos de la familia desde principios de los ochenta, por lo que en todo caso creen que estaría prescrito, y "esto debería bastar para volatilizar cualquier pretensión imputatoria".

CERTIFICADOS BANCARIOS

Además, han presentado certificados de Andbank y Banca Privada d'Andorra que apuntan a que desde 2002 --fecha de los registros bancarios que se disponen-- hasta el día de traspaso de fondos de la primera entidad a la segunda en diciembre de 2010 "no se han producido incrementos de patrimonio más allá de los rendimientos propios de las inversiones financieras". Consideran que, este hecho, debería ser suficiente para concluir que no hay delito "aunque no mereciera crédito la explicación razonada y razonable" de Jordi Pujol sobre el origen los fondos.

A este respecto, en el escrito, los abogados quieren combatir la "imprecisa lectura que haya podido hacerse" de las explicaciones del expresidente sobre estos fondo que atribuye a una herencia de su padre, Florenci Pujol. Alegan que Jordi Pujol nunca tuvo la condición de heredero "sino solo de legitimario" de la herencia de su padre y que nunca ha tenido documentación en relación a la misma. "Jamás ha obrado en su poder certificado de bienes situados en el extranjero provenientes de su padre", dicen en el escrito, y añaden que nunca ha sido titular real ni formal de los bienes, ni ahora ni en 1980.

"CONTEXTUALIZACIÓN" DE DECLARACIONES

Los abogados también hacen referencia a las afirmaciones de Jordi Pujol de que se declara --en su comunicado en el que confesó la existencia de fondos en el extranjero-- responsable de "los hechos descritos y de todas sus consecuencias". En este sentido, aclaran que se refería a la voluntad de aceptar la herencia de su padre, la de encargar la gestión y regularización de los fondos a una persona de máxima confianza hasta la mayoría de edad de los hijos, y "la de no haber regularizado con anterioridad".

También añaden que esta asunción de responsabilidad no tiene relevancia a nivel penal: "El señor Pujol podrá en consecuencia sentirse responsable de la tardía regularización, pero el principio de legalidad, afortunadamente, ampara también a quienes no desean ser protegidos".

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