El juez pide al Supremo determinar si el juicio en El Salvador por el asesinato de Ellacuría fue un "fraude"

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El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha elevado a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo una exposición razonada en la que le insta a determinar si las actuaciones seguidas en El Salvador para enjuiciar el asesinato del jesuita Ignacio Ellacuría fueron "fraudulentas o incompletas".

La exposición ha sido remitida en el marco de su investigación contra trece exmilitares salvadoreños por el asesinato de Ellacuría y otras siete personas ocurrido el 16 de noviembre de 1989. Velasco retiró el pasado marzo su procesamiento por crímenes de lesa humanidad y argumentó que España seguía teniendo jurisdicción para investigar los hechos porque cinco víctimas eran españolas en virtud de los nuevos límites a la justicia universal.

El magistrado considera que el "fraude" detectado en el juicio celebrado en el país centroamericano habilita la "continuación" del procedimiento abierto en su juzgado, ya que ese acto tenía la "aparente cobertura de un proceso formal", pero estaba "tan influido e intervenido" que llegó a resultados de "no justicia" y en una "impunidad absoluta".

Argumenta que la Ley Orgánica del Poder Judicial permite la no aplicación del principio de 'cosa juzgada' puesto que "se simuló un procedimiento y una sentencia" en El Salvador y esta "inefectiva justicia" culminó en la impunidad de los presuntos responsables.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 se ofrece a poner a disposición de la Sala Segunda todas las actuaciones necesarias relacionadas con la causa y desglosa todas las evidencias que, a su juicio, reflejan el "fraude de ley" del que habla el artículo 6.4 del Código Civil.

UN CLIMA BAJO PRESIÓN

Velasco alude a las dilaciones de la Comisión de Investigación, el hecho de que las autoridades salvadoreñas no llamaran a declarar a implicados "evidentes" en el crimen como el coronel Benavides o no revelaran al juez instructor el nombre de los integrantes de la Comisión ni validaran las 30 declaraciones extrajudiciales de miembros del Ejército más cercanas a los hechos.

El magistrado hace referencia a la "destrucción de pruebas clave", la renuncia de los fiscales del caso, la denegación de todas las pruebas pedidas por las víctimas y la "obstaculización" a la labor del juez instructor. "Los testigos militares no acudían a sus citaciones, se presentaban deliberadamente testigos equivocados, el Ejército casualmente destinaba al extranjero a testigos fundamentales", precisa.

"Las diligencias probatorias fueron obtenidas artificiosamente en medio de un clima obstruccionista, bajo presión y en un clima de grave temor real a las consecuencias lesivas de quien investigaba", prosigue.

Velasco también indica que los miembros del jurado declararon haber sido "amenazados" y que durante el juicio se practicaron continuas "injerencias y presiones exteriores", como consecuencia del sobrevuelo de un helicóptero, megafonía exterior, sirenas o música para alterar el ánimo del jurado, a quien la defensa de los acusados se dirigía "en voz baja inaudible" para el público.

Añade que el jurado no tuvo dudas, preguntas ni quiso acudir a inspeccionar el lugar del crimen, al tiempo que señala que las comisiones rogatorias que envió para recibir declaración a militares norteamericanos se contestaron sin profundizar en las preguntas formuladas.

EL SALVADOR RECHAZÓ ENTREGAR A LOS SOSPECHOSOS

En mayo de 2102 la Corte Suprema Justicia de El Salvador rechazó la entrega de los 13 exmilitares sospechosos de haber asesinado a seis sacerdotes jesuitas, cinco de ellos españoles, y sus dos empleadas domésticas.

Nueve de los 15 magistrados que integran el máximo órgano judicial denegaron la solicitud de la Audiencia Nacional Española porque la Constitución de El Salvador que estaba vigente en 1989 prohibía la extradición de nacionales a cualquier país. Tres magistrados votaron en contra y otros tres no estuvieron presentes en la votación.

Los exmilitares procesados son el ex ministro de Defensa, Rafael Humberto Larios; el viceministro de Defensa Nacional, Juan Orlando Zepeda; el viceministro de Seguridad Pública, Inocente Orlando Montano; el general Juan Rafael Bustillo; los coroneles Francisco Elena, Joaquín Arnoldo Cerna, Óscar Alberto León y Carlos Mauricio Guzmán; el comandante Carlos Camilo Hernández, y los tenientes Héctor Ulises Cuenca y René Yusshy Mendoza.

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