La Síndica pide más control sobre las empresas de servicios funerarios de Barcelona

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La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha pedido al Ayuntamiento más control sobre las empresas de servicios funerarios que operan en la ciudad, con un esfuerzo del régimen inspector, para asegurar que ofrecen a las familias una buena información de los precios.

En un informe reciente, la defensora dice que los servicios funerarios están liberalizados en todo el Estado con el objetivo que la libre concurrencia fomente la competencia. Ahora bien, la regulación vigente en materia de actividad funeraria y las características tan especiales del mercado no favorecen el acceso de nuevos empresarios en el sector y dificultan la existencia de competencia. Esto hace que en muchos municipios el servicio sea prestado por un único operador.

En Barcelona operan dos empresas funerarias, una de las cuales, Serveis Funeraris de Barcelona, está participada, de momento, en un 15% por el consistorio, a través de la empresa Barcelona de Serveis Municipals.

Pese a la falta de influencia que el Ayuntamiento tiene en la determinación de los precios de los servicios funerarios, la síndica opina que sí que puede, en ejercicio de sus potestades en materia de consumo, reforzar las inspecciones para asegurar que se hace una buena práctica informativa a los clientes, de forma clara, sobre las listas de precios de los servicios funerarios para garantizar que las familias acceden al servicio con toda la información. Y sobre todo hace falta que esta práctica se lleve a cabo en la sociedad con participación municipal.

Con anterioridad, la síndica ya había supervisado otras quejas y consultas sobre los precios y la transparencia en los servicios funerarios y en Cementerios de Barcelona, equipamientos, estos últimos, que dependen totalmente del Ayuntamiento. En concreto, el año pasado Vilà recomendó al Ayuntamiento y a Cementerios revisar el coste de algunos servicios y mejorar sustancialmente la transparencia y la información al ciudadano. La defensora sugirió que se asegurara un trato equitativo en el acceso al servicio a todos los ciudadanos a través de la fijación de unos precios asequibles.

En 2013, la Autoridad Catalana de la Competencia anuló la tarifa ciudadana (consistente en un paquete básico de productos y servicios de calidad a un precio máximo, unos 1.800 euros más IVA, según el consistorio) porque la consideraba una práctica contraria a la competencia. Según el Ayuntamiento, se trataba de una tarifa de la que no había demanda, lo que, en opinión de Vilà, se puede interpretar que la política informativa de los precios que se ofrecía a los clientes era insuficiente.

Serveis Funeraris de Barcelona, en cambio, sí que mantiene servicios de beneficencia y servicios subvencionados que se destinan a personas sin o con escasos recursos económicos, si se acredita adecuadamente.

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