La Generalitat pide a la CE que analice la indemnización del almacén Castor

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Los bancos ejecutan el pago de 1.350 millones a Escal por la indemnización de Castor

La Generalitat ha pedido a la Comisión Europea (CE) que analice si la indemnización a los promotores del almacén de gas Castor aprobada por el Gobierno central vulnera la normativa europea en materia de ayudas de Estado, y se ha dirigido también a la empresa Enagas para pedirle que no repercuta sobre los consumidores el importe de la indemnización.

Con estas medidas, la Generalitat pretende evitar un incremento indebido en el recibo del gas para las familias y las empresas de Catalunya, ha informado este viernes la Conselleria de Empresa y Empleo.

La petición de la Generalitat a la CE, dirigida al director general de la Competencia, Alexander Italianer, y a su director general adjunto para Ayudas de Estado, Gert-Jan Koopman, se fundamenta en un estudio jurídico que concluye que la solución propuesta por el Gobierno central para el proyecto Castor "no cumple la normativa europea de ayudas de Estado y tampoco respeta los principios de buena regulación". Según el informe, el pago recibido por Escal UGS a través de la empresa Enagas cumple todas las condiciones que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece para definir una ayuda de Estado: el elevado y decisivo grado de intervención pública en la definición del mecanismo de pago, que se beneficia una única empresa privada y que ésta sacará ventaja respecto a sus competidores, tanto estatales como comunitarios.

El informe recuerda que el procedimiento legal seguido para aprobar la indemnización no se ajusta a los principios de buena regulación, y argumenta que se ha creado una nueva ley para seguir el procedimiento administrativo previsto, que solo prevé la indemnización si las instalaciones están operativas y a precios de mercado, y requiere de resoluciones de la Dirección General de Política Energética y Minas y de las Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC), que no se han emitido.

DIRECTIVAS EUROPEAS

También expone que la nueva ley no se ajusta a la transposición de las directivas europeas en materia de mercados interiores de gas y electricidad, y concluye que es un "error regulativo" utilizar mecanismos para compensar a las empresas mediante la factura al consumidor final.

El conseller de Empresa y Empleo, Felip Puig, ha pedido formalmente a Enagas que "se abstenga de ejercer el derecho de cobro" que le corresponde para recuperar el importe de la indemnización hasta que se resuelvan las diferentes actuaciones emprendidas por la Generalitat contra esta medida. Además de pedir la intervención de la CE en materia de la competencia, el Govern ha iniciado el procedimiento para presentar un recurso de inconstitucionalidad al real decreto ley que definía la indemnización y el mecanismo para su pago.

Puig considera que la indemnización a lo largo de 30 años a través del sistema gasista comporta "trasladar a los consumidores domésticos, comerciales e industriales el coste de la quiebra del proyecto", cuando han sido totalmente ajenos a su ejecución.

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