Ley de seguridad ciudadana o como silenciar la protesta social

Joan Carles Gallego
Secretari general de CCOO de Catalunya

La propuesta de ley de seguridad ciudadana que se ha aprobado en el Congreso con los únicos votos del PP se inscribe en el modelo de sociedad autoritaria, desigual, insolidaria e injusta que impulsa el Gobierno del PP y se enmarca en las políticas de eliminación de derechos y precarización de las condiciones de trabajo, impuestas en los últimos años con la excusa de la crisis económica. Esta ley limita el derecho fundamental de manifestación y reunión, relativiza los principios de legalidad y seguridad jurídica y debilita el estado de derecho y las libertades democráticas.

La propuesta de ley de seguridad ciudadana que se ha aprobado en el Congreso con los únicos votos del PP se inscribe en el modelo de sociedad autoritaria, desigual, insolidaria e injusta que impulsa el Gobierno del PP y se enmarca en las políticas de eliminación de derechos y precarización de las condiciones de trabajo, impuestas en los últimos años con la excusa de la crisis económica. Esta ley limita el derecho fundamental de manifestación y reunión, relativiza los principios de legalidad y seguridad jurídica y debilita el estado de derecho y las libertades democráticas. Se opta por la conducta represora ante los conflictos generados por la crisis y la inutilidad de las políticas públicas. Se refuerzan las decisiones administrativas y el papel de la autoridad gubernativa a la hora de delimitar el ejercicio de las libertades de reunión, manifestación y expresión, en detrimento de la función garantista, objetiva y democrática del derecho y los órganos judiciales.


La reforma de la ley seguridad ciudadana es un complemento necesario para alcanzar los objetivos de la contrarreforma laboral de limitar las libertades sindicales y de negociación colectiva y facilitar la precarización de las condiciones de trabajo. Un proyecto de ley paralelo a la persecución y criminalización de más de 300 sindicalistas encausados, a los que la fiscalía pide penas de prisión por haber participado en piquetes informativos en las últimas huelgas. Aplica el artículo 315.3 del Código Penal, de reminiscencias franquistas, del que el movimiento sindical internacional exige la retirada porque lo considera un ataque al libre ejercicio del derecho de huelga.


Este proyecto de ley, que conocemos como "ley mordaza", prevé una tipificación de infracciones que choca con el ejercicio de determinados derechos fundamentales amparados constitucionalmente, como la libertad sindical y el derecho de huelga. El conflicto laboral puede acabar siendo tratado como un conflicto de orden público.


La libertad sindical y el derecho de huelga están relacionados. Es el derecho a organizarse libremente, sin interferencias de los poderes económicos o políticos, para defender intereses, mediante el ejercicio del conflicto y la negociación. El derecho de huelga no es sólo el derecho a dejar de trabajar. Es un derecho individual, pero se promueve, organiza y ejerce colectivamente. Implica el derecho a llamar a la adhesión a la huelga ya participar en acciones colectivas. Hacer publicidad de una huelga, denunciar los obstáculos para su realización, pedir solidaridad de terceros, persuadir a los trabajadores para que se sumen o disuadir a los contrarios, configuran las funciones y las acciones de los piquetes de huelga, como ha sentenciado el Tribunal constitucional integrándolo en el contenido del art 28.2 de la CE que reconoce el derecho de huelga.


La actual propuesta de la ley de seguridad ciudadana puede impedir, limitar y sancionar el ejercicio de la libertad sindical y el derecho de huelga en los servicios esenciales o los servicios básicos, en espacios y lugares públicos, incluso en sus centros de trabajo. Considera una falta muy grave, la alteración del normal funcionamiento de las instalaciones, o sus alrededores, donde se presta un servicio esencial o básico, previendo multas de 30.001 hasta 600.000 ? y imputaciones de responsabilidad a los sindicatos, secciones sindicales, comités o asamblea de trabajadores que lo promuevan. Se cuestiona, así, la misma eficacia de la celebración de reuniones sindicales o de la misma huelga. Millones de trabajadores de instalaciones que tienen que ver con energía, comunicación, suministros, telecomunicaciones, verán amenazada su libertad.

Cualquier acto de obstrucción de las funciones de una autoridad, empleado público o corporación oficial, se considera una infracción grave, lo que puede limitar la labor informativa de los piquetes de huelga que quieran trasladar a los empleados públicos las finalidades y los objetivos de la huelga . Las concentraciones o empleos de una vía pública, aunque sea en el marco de un conflicto de empresa, e incluso la colocación de un adhesivo en un bien público o privado puede ser sancionado, como infracción leve , sin necesidad de la denuncia del propietario, con el cual, claramente, se limita la difusión de los conflictos laborales y la huelga.
Con este proyecto de ley estamos ante otro ataque a las libertades y una nueva limitación de derechos. Un ataque a la libertad sindical y al derecho de huelga, con el objetivo de silenciar la protesta social y limitar la acción sindical.

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