Ruz, pendiente de informes y comisiones rogatorias para impulsar los casos Gürtel, caja B y Pujol Ferrusola

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Último día del juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional tras casi cinco años

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz está a la espera de recibir varios informes y comisiones rogatorias de Suiza, Bermudas y Andorra, entre otros países, para impulsar de aquí a marzo, cuando llegará el nuevo titular de su juzgado, las causas en las que investiga la trama de corrupción 'Gürtel', la 'caja B' del PP y la fortuna del hijo mayor del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol Ferrusola, han informado fuentes jurídicas.

En el 'caso Gürtel', el magistrado cerró el pasado 26 de noviembre la investigación sobre las actividades de la primera época de la red (1999-2005) y propuso sentar en el banquillo a 43 personas, entre las que se encuentran los extesoreros 'populares' Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchís, y juzgar a la exministra de Sanidad Ana Mato como partícipe a título lucrativo; en las próximas semanas recibirá los escritos de las partes en los que reclamarán la apertura del juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

En la pieza principal el todavía responsable del Juzgado Central de Instrucción número 5 investiga las actividades de la segunda época (2005-2009), en la que continúa tomando declaración a imputados.

La última, el pasado día 2 de diciembre, provocó la comparecencia del vicepresidente del EFG Private Bank de Suiza, Virgilio Rayo, imputado por mover presuntamente más de 700.000 euros provenientes de comisiones ilegales que pertenecían al ex alcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero (PP), alias 'El Albondiguilla'.

EL DINERO DE BÁRCENAS EN BERMUDAS

Entre las peticiones de información judicial que Ruz espera se encuentra una comisión rogatoria cursada en octubre pasado a Bermudas para rastrear los movimientos financieros de Bárcenas. En concreto, Ruz pidió al país que le detallara la titularidad y los movimientos de una cuenta vinculada al extesorero en el banco Butterfield Trust Limited que recibió, en agosto de 2009, una transferencia de 200.000 dólares (157.880 euros) desde un depósito del Lombard Odier de Suiza a nombre de su testaferro, Iván Yáñez.

También está a la espera de que la Oficina Federal de Justicia de Suiza subsane los fallos de motivación que llevaron al Tribunal Penal Federal a admitir en noviembre pasado un recurso presentado por la defensa de Bárcenas para que la documentación que reveló que llegó a tener 48,2 millones de euros en el país helvético pueda ser utilizada en un futuro juicio oral.

Además, el juez investiga en dos piezas separadas las adjudicaciones que Aeropuertos y Navegación Aérea (AENA), dependiente del Ministerio de Fomento, y el Ayuntamiento de Jerez (Cádiz), gobernado por el PP, realizaron a varias empresas vinculadas a la trama que dirigía Francisco Correa.

En esta última, en la que se investiga a la alcaldesa del municipio y senadora del PP María José García-Pelayo por la adjudicación de un pabellón de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de 2004, está a la espera desde marzo de recibir un informe de la Intervención General del Estado (IGAE) que analice la documentación que el Ayuntamiento facilitó en 2011 sobre este concurso.

LAS INVESTIGACIONES DE LA 'CAJA B'

En la pieza separada en la que investiga la contabilidad B de los 'populares', el juez Ruz reclamó en octubre pasado a la Agencia Tributaria la elaboración de un informe que detallara las "cuotas presuntamente defraudadas" por la empresa Unifica, que reformó la sede nacional del PP, en la calle Génova de Madrid.

Según el último informe de este organismo, dependiente del Ministerio de Hacienda, el PP pagó al menos 1,71 millones de euros en negro por estos trabajos, por los que están imputados, entre otros, el arquitecto Gonzalo Urquijo; su socia, Belén García; y el exgerente 'popular' Cristóbal Páez.

Además, el magistrado tiene que decidir, con un informe de la IGAE de noviembre que sostenía que no había "correlación temporal" entre donaciones al PP y la adjudicación de contratos públicos, si archiva el procedimiento contra una decena de empresarios que aparecían en los 'papeles de Bárcenas', entre ellos el presidente de la constructora OHL, Juan Miguel Villar Mir; y el expresidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero.

En esta pieza también tiene que decidir si envía al tribunal competente, por la existencia de indicios de delito contra aforados, la investigación sobre la adjudicación en 2007 a Sufi, filial de Sacyr, del contrato de recogida de basuras de Toledo a cambio de una donación de 200.000 euros.

Según Bárcenas, esta entrega sirvió para financiar la campaña a la Presidencia de Castilla-La Mancha de María Dolores de Cospedal.

De igual forma, el juez investiga otra entrega de 200.000 euros que Bárcenas anotó en sus manuscritos en mayo de 2008 que habría servido para financiar la compra de la sede del PP de La Rioja.

También realiza pesquisas sobre una nueva 'caja B' que, según un auto dictado en octubre pasado, sirvió para financiar la compra y reforma de la sede regional de la formación en Vizcaya.

LAS CUENTAS DE PUJOL FERRUSOLA

Por lo que respecta a la causa en la que investiga la fortuna de Jordi Pujol Ferrusola, que presuntamente habría cobrado comisiones de 8,5 millones de euros a cambio de su mediación en la adjudicación de contratos públicos, Ruz está a la espera de que las autoridades de Andorra contesten a una petición que realizó en julio pasado.

El magistrado quiere conocer, en concreto, el número de cuentas y los movimientos que habrían realizado tanto el primogénito del exjefe del Gobierno catalán como su esposa, Mercè Gironés. A ambos se les imputa indiciariamente un delito de fraude fiscal y otro de blanqueo de capitales.

En octubre pidió, además, a las autoridades del Principado que solicitaran a la Banca Privada Andorrana toda la documentación que tuvieran sobre una transferencia de 2,4 millones de euros que Pujol Ferrusola realizó desde una cuenta en esta entidad hasta otra en México a nombre de la editorial Anzuelos Soluciones.

El imputado negó ante el juez que tuviera cuentas en el extranjero y realizó este movimiento seis días después de ser citado a declarar.

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