Entidades piden "un giro" en las políticas públicas sobre alimentación

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Entidades piden "un giro" en las políticas públicas sobre alimentación

Entidades reclaman la necesidad de "un giro" en las políticas públicas orientadas a garantizar el derecho a una alimentación adecuada, según un informe del Observatori Desc, Educación para la Acción Crítica y Entrepueblos, que sostiene que la crisis y los recortes sociales hacen que familias vean vulnerado su derecho a la alimentación.

El informe analiza el derecho a una alimentación adecuada como un derecho humano reconocido en diferentes instrumentos que España ha ratificado, y que estos compromisos generan obligaciones de "respetar, proteger y garantizar" los derechos que reconocen.

El texto concluye que las políticas de austeridad implantadas en Catalunya se han materializado en la "ausencia de medidas de protección social para mitigar" el impacto de la crisis, y ha lamentado la ausencia de programas sociales contra la pobreza infantil.

Las entidades han lamentado que la respuesta institucional a las necesidades alimentarias "se reduce a medidas asistenciales, insuficientes y parciales", y han reprochado la externalización de ésta desresponsabilizándose de la gestión, que recae en organizaciones del tercer sector.

El informe ha remarcado que el "paternalismo y la fiscalización en la gestión de los recursos públicos" a las personas en riesgo de pobreza contrasta con los objetivos de los servicios públicos de favorecer más autonomía.

Ve que la pérdida de explotaciones agrarias de pequeña y mediana extensión es una de las "causas estructurales del debilitamiento" del sistema alimentario local, y reprocha el desperdicio de alimentos por parte de la agroindustria.

Las entidades recomiendan que las políticas públicas sean diseñadas teniendo en cuenta "el enfoque de derecho y en ningún caso esgrimir razones económicas", y la implementación de un programa de renta básica que escape a la dinámica de ayudas asistencialistas.

También recomiendan definir la prioridad de los recursos destinados a las becas comedor, una "política clave" en el caso de la infancia, y la promoción de comedores escolares ecológicos que impliquen la compra de producción local.

Ha solicitado revisar el uso de protocolos y establecer la obligatoriedad de su implementación para poder recoger datos sobre casos de malnutrición, y mejorar la coordinación entre servicios generales y de los barrios.

Las entidades también han pedido diseñar políticas integrales que tengan en cuenta "todo el ciclo del sistema alimentario", tanto a nivel de producción, distribución y consumo, y poner de relieve el papel de la producción y la cultura alimentaria local.

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