SUP Galicia registra ante la Fiscalía la denuncia para que abra diligencias y depure responsabilidades tras el tiroteo

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SUP Galicia registra ante la Fiscalía la denuncia para que abra diligencias y depure responsabilidades tras el tiroteo

El Sindicato Unificado Policial (SUP) de Galicia ha registrado en la mañana de este miércoles en la Fiscalía una denuncia para que depure responsabilidades y abra diligencias por un posible delito contra la seguridad de los trabajadores relacionado con la falta de chalecos en la comisaría de Vigo-Redondela.

Esta medida se produce tras el tiroteo ocurrido el pasado mes de noviembre durante un atraco en Vigo, en el que falleció una agente y otro resultó herido de gravedad, y después de la reunión entre los delegados de prevención de riesgos laborales de la Dirección General de la Policía y mandos de la comisaría local de Vigo-Redondela, en la cual no se aclararon datos sobre el reparto de chalecos.

Tal y como ha comunicado el secretario General del Sindicato Unificado de Policía en Galicia, Roberto González Rodríguez, en el escrito que han presentado no apuntan hacia ningún mando específico "porque no hay indicios claros ni evidentes" de que alguno de ellos en concreto hubiera incurrido "en delito alguno ni en qué grado".

"Esto es un empujoncito a la Fiscalía para que abra diligencias y pida información, porque la pedimos en la Inspección de Riesgos Laborales y no nos la han facilitado, le pedimos información también al delegado del Gobierno y tampoco hemos recibido respuesta", ha lamentado González, que ha explicado que quieren datos sobre cuántos chalecos había antes del suceso, cuántos estaban sin repartir y cuantos son para mujeres, entre otras cuestiones.

Acerca de este último punto, el portavoz del SUP ha reiterado que tienen "indicios suficientes" de que en la comisaría viguesa había "al menos nueve chalecos femeninos" sin repartir antes del atraco. "Alguien tendrá que responsabilizarse", ha apostillado.

DELITO CONTRA LA SEGURIDAD

Así las cosas, consideran que se ha incurrido en un posible delito tipificado en el artículo 316 del Código Penal, relativo a la "infracción de las normas de prevención de riesgos laborales" cuando, "estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física".

"Hay un principio fundamental en relación con la seguridad en el trabajo, en virtud del cual toda persona que ejerce un mando de cualquier clase en la organización de las tareas de unos trabajadores tiene como misión primordial el velar por el cumplimiento de las normas de seguridad anteponiéndolas a cualquier otra consideración", añade la denuncia. Este delito contempla penas de entre seis meses y tres años de prisión.

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