Pensionistas llenan los juzgados sociales de Barcelona para exigir la actualización de sus pensiones según el IPC

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Pensionistas llenan los juzgados sociales de Barcelona para exigir la actualización de las pensiones según el IPC

Cientos de pensionistas han presentado de forma colectiva durante la mañana de este miércoles demandas para reclamar judicialmente la pérdida de poder adquisitivo que ha supuesto la aplicación de un 0,25% de revalorización de las pensiones durante este año 2014, porcentaje que se sitúa por debajo del IPC y que, por tanto, no es suficiente para garantizar "la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad" que señala el artículo 50 de la Constitución.

Después de haber presentado las pertinentes reclamaciones previas ante el INSS y una vez agotado el plazo de 45 días para recibir respuesta a su solicitud, el colectivo de pensionistas reunidos bajo el paraguas de la Marea Pensionista y la campaña "Salvemos las Pensiones" han acudido a los tribunales con una demanda redactada por Colectivo Ronda.

En el escrito, piden su derecho a ver revalorizadas sus pensiones según el IPC anual de 2014 y solicitan a quien se haga cargo de su demanda que eleve al TC una cuestión de inconstitucionalidad en considerar que la llamada "Ley reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social" infringe de forma manifiesta la Constitución española de 1978 y numerosa normativa internacional ratificada por el Estado español como el Convenio 102 de la OIT o la Carta Social Europea.

EMPOBRECIMIENTO PROGRESIVO

En sentido contrario a lo que señala la Constitución y la normativa anteriormente mencionada, la posibilidad de aplicar porcentajes de revalorización de las pensiones que no llegan a compensar el incremento del nivel de vida supone un incumplimiento de la obligación de garantizar pensiones "suficientes". Al contrario, una revalorización del 0,25% provoca de forma indiscutible una disminución del poder adquisitivo y supone de facto una revisión irregular de una pensión ya reconocida. Unas prácticas a nuestro entender evidentemente ilegales que, además, ensanchan notoriamente la desigualdad al afectar con mayor intensidad las pensiones más bajas y, aún con más virulencia, las mujeres, que siguen siendo perceptoras mayoritarias de las pensiones más exiguas.

REDUCCIÓN DE UN 28%

El objetivo de la entrada en vigor del factor de sostenibilidad no es otro que reducir de forma dramática el importe anual que se destina a sufragar el gasto generado por el sistema público de pensiones, imposibilitando la consecución del objetivo de garantizar pensiones dignas y suficientes. Así, por ejemplo, la intervención del factor de sostenibilidad en los próximos 15 años puede llegar a suponer una pérdida de poder adquisitivo acumulado de hasta el 28%, según se cumplan en mayor o menor grado las previsiones de evolución macroeconómica de España. Si el dato porcentual es bastante alarmante, mucho más lo es aún si traducimos en cifras esta información: según datos hechos públicos por el sindicato CCOO, en los próximos 9 años, los pensionistas del Estado español pueden dejar de percibir hasta 84.000 millones de euros.

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