Policías, jueces y fiscales, unidos en su rechazo a la posibilidad de realizar escuchas sin autorización judicial

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Policías, jueces y fiscales, unidos en su rechazo a la posibilidad de realizar escuchas sin autorización judicial

Los principales sindicatos de la Policía así como asociaciones de jueces y fiscales se han manifestado este lunes en contra de la medida introducida por el Gobierno en el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite al Ministerio del Interior ordenar a las fuerzas de seguridad que intervengan durante 24 horas las comunicaciones de investigados en casos de especial gravedad sin la autorización de un juez.

El secretario de Comunicación del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Javier Estévez ve "mal" esta iniciativa: "hay una cosa que está clara, ahora los jueces están de guardia y si yo quiero hacer una intervención urgente sólo tengo que ponerme de acuerdo con un juez". "Creo que no va a salir. Esa medida no le veo yo mucho futuro", ha zanjado.

Por su parte, el secretario general de la Confederación Española de la Policía (CEP), Antonio Labrado, espera que desde el Gobierno les den "más explicaciones sobre cómo se pretende regular". "Nunca se ha visto", recuerda al tiempo que ha admitido que puede generar "muchas suspicacias".

El portavoz de la asociación Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, cree que se trata de una medida "inadmisible" de "dudosa constitucionalidad", que se ha propuesto "sin una adecuada justificación" y que puede "generar espacios de inseguridad jurídica". "Los informes que van a ser emitidos por los órganos consultivos harán reconsiderar al Gobierno esta opción", ha vaticinado.

Desde la Unión Progresista de Fiscales (UPF), su presidente, Álvaro García Ortiz, considera que la medida afecta directamente a la "legalidad constitucional". "Nos preocupa bastante", ha añadido al tiempo que ha recordado que actualmente "hay jueces de guardia en todas las partidas judiciales" por lo que no es necesario que sea el ministro del Interior quien ordene hacer esas escuchas a las fuerzas de seguridad.

Uno de los órganos consultivos a los que el Gobierno remitirá este anteproyecto es el Consejo Fiscal donde la UPF cuenta con tres representantes que se van a manifestar en contra de la medida, según ha avanzado García Ortiz.

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