Crisis institucional y reforma constitucional

Javier Tajadura Tejada
Profesor de Derecho Constitucional en la UPV

Constituiría un formidable ejercicio de falsificación de la realidad el pretender negar que los 36 años de vigencia de la Constitución de la Monarquía Parlamentaria han sido los más brillantes de los últimos dos siglos.

Constituiría un formidable ejercicio de falsificación de la realidad el pretender negar que los 36 años de vigencia de la Constitución de la Monarquía Parlamentaria han sido los más brillantes de los últimos dos siglos. Ahora bien, los muchos éxitos alcanzados han venido también acompañados de fenómenos como la corrupción institucional, la oligarquización de los partidos o la colonización de las instituciones que -en un contexto de grave crisis económica y social- configuran una suerte de tormenta perfecta que podría hacer naufragar la nave constitucional.

Al celebrar el 36 aniversario de la Constitución es preciso advertir que España se enfrenta a una crisis institucional sin precedentes. Crisis que sólo podrá ser superada mediante una reforma amplia, profunda y consensuada de la Constitución vigente. La experiencia histórica y comparada nos enseña que las constituciones que no se reforman perecen.

La crisis institucional ha sido provocada por la oligarquización de los partidos políticos y la colonización de las instituciones que estos han llevado a cabo. La oligarquización de los partidos políticos ha supuesto que un reducido grupo de personas ?profesionales del partido y de la política- ejerzan en ellos un poder omnímodo. La facultad de confeccionar las listas electorales sirve para silenciar cualquier voz crítica. De esta forma, los partidos se han alejado de sus bases sociales, y el necesario vínculo de confianza entre los representantes y sus electores ha sido sustituido por el que liga a aquellos con la cúpula del partido que los incluyó en las listas. Estos partidos han invadido espacios y ocupado instituciones que, por su propia naturaleza, deben permanecer ajenos a la lógica de los partidos. Instituciones que para poder cumplir correctamente su función de control del poder, deben ser absolutamente independientes de los partidos, han sido colonizadas por estos. Así ha ocurrido con el Tribunal Constitucional, con el Tribunal de Cuentas, o con el Consejo General del Poder Judicial. Los partidos han ocupado también las Administraciones Públicas hasta el punto de que para ocupar cargos directivos en ellas, los criterios de mérito y capacidad han sido reemplazados por el de afinidad partidista.

La oligarquización de los partidos y el control absoluto que ejercen sobre las instituciones son las causas que explican la existencia de altísimos niveles de corrupción política y económica. La corrupción, por su parte, ha provocado una lógica desconfianza de los ciudadanos en los partidos y en las instituciones. Esta desafección hacia un sistema político que se muestra tolerante con la corrupción ha provocado el surgimiento de una nueva fuerza política, Podemos, cuyo programa se sintetiza en la peligrosa idea de "acabar con el Régimen del 78". Nunca hasta ahora una fuerza política claramente rupturista había suscitado en las encuestas de opinión tan alto nivel de apoyo.

La crisis actual necesita ser abordada con el mismo espíritu y altura de miras con los que la clase política y la sociedad se enfrentaron al colapso de la dictadura franquista. Para ello es preciso iniciar un diálogo entre todas las formaciones políticas sobre las causas que han provocado el declive de nuestra democracia y lograr un acuerdo político amplio sobre la forma de superarla. Dicho acuerdo debería traducirse en una reforma de la Constitución que permitiera corregir los errores de diseño del Estado Autonómico, así como de aquellas instituciones que deben ser independiente de los partidos y no lo son.

Esta es la gran encrucijada histórica y política de hoy: o bien, emprendemos el camino de la reforma, para renovar, mejorándolas, las bases institucionales y políticas del proyecto de convivencia colectiva en libertad, en que la Constitución consiste; o bien, nos atrincheramos en un inmovilismo suicida que sólo beneficia a quienes pretenden "acabar con el Régimen del 78".

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