Acusados de participar en la protesta en la central nuclear de Cofrentes dicen que Greenpeace no les citó

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Acusados de participar en la protesta en la central nuclear de Cofrentes dicen que Greenpeace no les citó

Socios y simpatizantes de Greenpeace acusados de desórdenes públicos, lesiones, daños y faltas por acceder en febrero de 2011 al recinto de la central nuclear de Cofrentes (Valencia) durante una protesta en contra de este tipo de energía, han declarado este jueves en el juicio que se celebra contra ellos en el juzgado de lo Penal número 11 de la capital, que acudieron a esta movilización convocados por sms sin conocer quién la organizaba.

Así, algunos de los acusados que han declarado en esta primera sesión han asegurado que no fueron citados por Greenpeace y que acudieron a la central nuclear, propiedad de Iberdrola, desde distintos puntos de España --desde Madrid, Barcelona o Mallorca-- solos o con otras personas que no conocían y que también secundaron esa convocatoria. Esta previsto que el juicio se prolongue hasta el próximo 11 de diciembre.

Del mismo modo, han negado haber causado "ningún daño" y han dicho que "en ningún momento" quisieron "poner en peligro" la central, además de explicar que pretendían que se cerrara la instalación, que no se ampliara el plazo de explotación o mostrar su rechazo a la energía nuclear. Igualmente, han señalado que a este espacio accedieron más personas que los 17 que están sentados en el banquillo --16 de ellos activistas y un fotoperiodista--, hasta entre cuarenta, cincuenta o sesenta personas.

Todos ellos han coincidido en apuntar que nadie les paró cuando accedieron a la instalación de Cofrentes y que les resultó "fácil" acceder al recinto, hecho por el cual, algunos han mostrado su sorpresa. Asimismo, han aseverado que al llegar allí, nadie les dio instrucciones ni órdenes de qué tenían que hacer y cómo debían actuar y han precisado que no había nadie que organizara el acto. A este respecto, han declarado que las acciones iban transcurriendo "según la marcha" y que actuaron por su propia cuenta, así como que no buscaban publicidad en los periódicos.

Los acusados han comentado que accedieron a través de una valla que estaba en el suelo y de agujeros que había en otras dos vallas y que una vez dentro siguieron a la gente --alguno de los procesados ha señalado que no sabía que iban a entrar al recinto de la central--. Del mismo modo, han afirmado que no vieron herramientas ni radiales pero sí unos sacos negros en el suelo con pintura "al agua" que "desaparece con la lluvia" y monos de color naranja que se pusieron.

Unos procesados han comentado que en esta prenda de vestir ponía Greenpeace, pero otros han indicado que no lo recuerdan. Uno de los activistas que ascendieron a la torre ha explicado que llevaba cuerdas y enganches porque como escalador siempre lleva un equipo consigo y porque entonces tenía previsto ir a escalar a un municipio valenciano.

Por otro lado, los acusados han coincidido en asegurar que en el momento en el que entraron en la central nuclear había "confusión" y han resaltado que estaba "oscuro" porque "era de madrugada". A su vez, han expuesto que había un "descontrol absoluto" entre los vigilantes de la instalación, que gritaban en voz alta, y que tanto éstos como los perros que llevaban estaban "muy nerviosos". Han manifestado que no hubo "enfrentamiento" ni "agresividad" con el personal de seguridad y que uno de ellos se levantó el suéter para mostrar la herida que había sufrido "por culpa" de los activistas, que pensaron que se la había provocado la alambrada.

"DE COMÚN ACUERDO"

Los hechos que se juzgan se remontan al 15 de febrero de 2011 cuando sobre las 6.20 horas, como recoge el relato de Fiscalía, los acusados, todos mayores de edad y socios o simpatizantes de Greenpeace España, "de común acuerdo mediante un plan preconcebido, en el modo y en el fin de desestabilizar la organización de la central nuclear de Cofrentes" y "convocados al efecto por Greenpeace España a través de sms, equipados con monos de color naranja con la inscripción Greenpeace, accedieron al interior del perímetro de seguridad tras cortar tres vallas perimetrales de seguridad de acceso valiéndose de una radial y otras herramientas que llevaban".

El ministerio público indica también que los vigilantes de seguridad de la central trataron de impedir el acceso de los procesados y señala que se produjo "un forcejeo entre todos" y los acusados golpearon a varios vigilantes, así como que uno de ellos sufrió un corte en la zona abdominal al girarse uno de los activistas con una radial en marcha. Asimismo, sostiene en su calificación que tres de los acusados subieron a las torres de refrigeración para pintar el lema "Peligro Nuclear" y colgar una pancarta.

El fiscal estima que estos hechos son constitutivos de un delito de desórdenes públicos, de dos delitos de lesiones, de un delito de daños y de tres faltas de lesiones y considera que los acusados son responsables en concepto de autores de todos los delitos y faltas. Por ello, estima que procede imponer a cada uno de ellos la pena de dos años de prisión por los desórdenes públicos, ocho meses de prisión por cada delito de lesiones, 14 meses de multa a razón de 10 euros diarios por el delito de daños y dos meses de multa, con la misma cantidad económica, por cada una de las faltas de lesiones.

Por vía de responsabilidad civil el ministerio público establece que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente a Iberdrola con 29.012,33 euros y distintas cantidades, entre 91,38 euros y 1.214,08 euros por las lesiones provocadas, además de fijar como responsable civil subsidiario a Greenpeace España.

VIDEO CON IMÁGENES

Al inicio de la sesión, después de que la jueza presentara el auto que ha emitido para "establecer reglas de orden y organización" en la sala durante la celebración de la vista, el letrado de Iberdrola ha aportado un video con las imágenes de lo sucedido en la protesta para que se incluyera en la causa.

Las defensas de los acusados han protestado y han pedido que esa prueba "extemporánea" se rechazara "de plano" por considerar que supone "indefensión" y por tratarse de una "estratagema" de la acusación, además de criticar que no se haya presentado en los más de tres años que han transcurrido desde que se produjo la protesta. La jueza la ha admitido y se ha comprometido a "valorarla siempre y cuando haya garantía de que es del día de los hechos y que no está manipulada".

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