La democracia de los jueces

Manuel Fernando González

Los jueces decanos han pedido al Gobierno de Rajoy toda una serie de medios y cambios legislativos que, siendo lógicos y razonables, en el actual contexto social y económico, suenan también a corporativismo puro y duro. Para entendernos, le han preguntado al poder ejecutivo y de forma especial a su Ministro ¿qué hay de lo mío?, algo que maestros, médicos, bomberos y hasta los trabajadores de Coca-Cola vienen reivindicando desde que la crisis les dejó sin trabajo o sin los recursos necesarios para poder desempeñarlo.

Los jueces decanos han pedido al Gobierno de Rajoy toda una serie de medios y cambios legislativos que, siendo lógicos y razonables, en el actual contexto social y económico, suenan también a corporativismo puro y duro. Para entendernos, le han preguntado al poder ejecutivo y de forma especial a su Ministro ¿qué hay de lo mío?, algo que maestros, médicos, bomberos y hasta los trabajadores de Coca-Cola vienen reivindicando desde que la crisis les dejó sin trabajo o sin los recursos necesarios para poder desempeñarlo.


A este periodista no le gusta un pelo que los jueces marquen el ritmo de la vida pública, como tampoco le parece bien que los políticos dicten el día a día judicial. Una justa proporción entre ambos poderes debería ser lo que ya fuera "aburrida" práctica habitual. Desgraciadamente, no es así, como podemos comprobar en los nombramientos y en los devaneos que el ciudadano percibe en lo cotidiano. Es desesperante comprobar como nuestra joven democracia ha sabido evolucionar en ámbitos tan comprometidos como era, por ejemplo, el castrense, que durante mucho tiempo constituía la principal preocupación para la supervivencia de la misma y, como, en cambio, lo de los jueces o lo de la Iglesia Católica siguen siendo asignaturas pendientes.


La escasa confianza que muchos españoles tenemos en los jueces y fiscales no deviene solo de la falta de medios que todos percibimos, sino también de ese endiosamiento del que muchos de ellos dan muestra en las salas de juicio o, por decir algo, en la opacidad que se desprende de sus relaciones con los poderes facticos de la sociedad que tan poco juzga su órgano jurisdiccional. No abundan los jueces Castro o Ruz y la gente, ese detalle lo tiene tan claro como que las Altas Magistraturas están ocupadas por una superclase de personalidades que no son de este mundo, sino de una corte celestial absolutamente intocable. Resumiendo: es más accesible el Presidente del Gobierno que un Magistrado del Supremo.


Quizás por eso ,y también por la lentitud con la que se mueve la justicia, que no sólo es debida a la falta de medios sino también a la escasa eficiencia profesional de un indefinido número de magistrados, cuántos son, no lo podemos saber los ciudadanos de a pie, es por lo que algunos nos seguimos creyendo más a los representantes que elegimos en las urnas, a los que podemos cambiar si son corruptos o no cumplen su programa electoral, que a quienes, tras ganar un oposición y pasar por una escuela muy especial, nos juzgan sin haber pasado por la experiencia de un abogado de oficio que tantas cosas ve, tan poco dinero cobra- si lo cobra- y tantos problemas le resuelve a sus semejantes más desfavorecidos y hasta a los propios jueces.


Así pues, recibido el mensaje de los decanos de la judicatura con todo el respeto y solemnidad que el mismo se merece, solo falta que esos mismos magistrados hagan con sus compañeros examen de conciencia y convenzan a sus hieráticos colegas de que la Justicia española necesita de una verdadera revolución, en la que ellos mismos, abriendo los juzgados a la gente y convirtiéndose en personas accesibles, especialmente para los que menos tienen, consigan convencernos de que en este país, verdaderamente, la Justicia es igual para todos. Una cosa sin la otra no tiene sentido, porque aplicar solo lo que piden sus Señorías sería caer irremisiblemente en lo que podríamos denominar desconfiadamente "la democracia de los jueces", un estatus absolutamente inaceptable.

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