El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación del Govern sobre la adjudicación de la ATLL a Acciona

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El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación del Govern sobre la adjudicación de la ATLL a Acciona

Tal y como se esperaba y ha venido publicando nuestro diario, el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación presentado por la Conselleria de Economia que dirije Andreu Mas Colell en el que solicitaba, al Alto Tribunal de España que no se aplicarán las medidas cautelares dictadas en su día por el OARCC y posteriormente ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya primero y por el propio Supremo después. Como dato curioso, cabe señalar, que el Govern catalán ha sido condenado al pago de las costas del proceso por el Alto Tribunal.

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El Tribunal Supremo ha fallado otra vez en favor de Agbar en el conflicto por la adjudicación de Aigües Ter-Llobregat (ATLL). El pasado 5 noviembre desestimó la solicitud de la Generalitat de Calalunya de proceder a la suspensión cautelar de la resolución del Organismo Administrativo de Recursos Contractuales de la Generalitat (OARC) que excluyó del concurso la oferta presentada por el consorcio Acciona-BTG, que competía con Agbar, al considerar que no cumplía el pliego de condiciones en materia de inversiones. Esta sentencia reitera la ya publicada el 23 de octubre y que hacía referencia a la solicitud de medidas cautelares por parte de la sociedad Aigües de Catalunya Limitada, empresa controlada por BTG Pactual, socia de Acciona en ATLL.

Tras este pronunciamiento se espera todavía una tercera sentencia del Supremo sobre esta misma cuestión por la demanda de medidas cautelares interpuesta por Acciona. Aunque dada la jurisprudencia acumulada sobre esta misma cuestión se estima que será igualmente desfavorable para la actual concesionaria.

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo da la razón al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y respalda su decisión de rechazar las medidas cautelares contra la decisión de la OARC.

La Generalitat de Cataluña adjudicó ATLL al consorcio Acciona-BTG, del que forma parte ACL, en diciembre de 2012 por un total de 995 millones de euros, de los que recibió un primer pago de 298 millones.

La sentencia del Supremo mantiene vigente la exclusión de la oferta de Acciona-BTG del concurso de acuerdo a la resolución del OARC, pero no entra en el fondo del asunto. Es decir, si la decisión del OARC se ajusta a derecho o no. La sentencia sólo determina que no ha lugar a solicitar medidas cautelares de suspensión de la referida resolución.

En su sentencia, el Supremo rechaza los argumentos básicos de la Generalitat para solicitar la suspensión cautelar. En primer lugar, asegura que no está suficientemente demostrado que la decisión del OARCC suponga daño o perjuicio económico para la propia Generalitat o para el consorcio Acciona-BTG. En segundo término, indica que no hay evidencia de errores notorios en la decisión del OARCC que acredite la apariencia de buen derecho de Acciona-BTG para solicitar la suspensión de esta decisión.

La sentencia del Alto Tribunal señala que si se produce algún perjuicio económico ya sea para las empresas afectadas o para las propias cuentas de la Generalitat es por la "actitud difícilmente explicable" de la Administración catalana que emprendió una "especie de carrera" con el OARCC para aprobar la adjudicación antes de que se cumpliesen todos los trámites legales obligatorios.

La Generalitat tiene que mover ficha


Con está sentencia definitiva conocida este miércoles la Generalitat debe resolver si asume de nuevo la gestión de la ATLL o dar paso a una "adjudicación exprés" en la que debe encontrar un nuevo gestor que esté dispuesto a asumir los desmesurados costes que la operación implica, o sea poner sobre la mesa trescientos millones en el acto y además asegurar a la administración que le va a pagar 700 millones más en los 50 años que dure la adjudicación.

Otro de los grandes perjudicados de esta operación es el banco brasileño BTG Pactual, que fue el gran avalador de los pagos de Acciona, y que ahora mismo se ve con la dificultad de recuperar las cantidades invertidas.

Una de las soluciones que se ha barajado en los últimos tiempos es que Agbar se hiciera cargo de nuevo de la operación, y compensara a las partes con las cantidades ya indicadas. Pero eso es "harina de otro costal".

Fuentes del Govern declinaron pronunciarse entonces sobre el fallo del TS hasta que se respondiera al recurso que presentó la propia Generalitat para pedir la suspensión cautelar de la resolución del OARCC, respuesta que se ha conocido este miércoles.

La Sala de lo Contencioso-administrativo vuelve a señalar que la Generalitat formalizó el contrato con Acciona sin esperar a la resolución posterior del OARCC que la dejó fuera del concurso.

Además recordaba que de prosperar el recurso contencioso-administrativo, si no es posible su reposición como adjudicataria, podrá ser resarcida como sucede en otros casos y añadía que los daños económicos para los intereses públicos por los que vela la Generalitat dependerán de la suerte que haya de correr el concurso y de la adjudicación que finalmente se efectúe, por lo que "no cabe tenerlos por tan precisos y determinados como mantiene la recurrente, que los cifró en más de 1.000 millones de euros".

Por su parte Acciona y su consorcio han explicado que esta sentencia "no altera ni material ni procesalmente la situación precedente" ya que solo desestima una medida cautelar, por lo que entienden que el contrato debe seguir considerándose plenamente válido y vigente.

Las mismas fuentes han afirmado que el TSJC denegó por dos veces la suspensión del contrato, y remarcan que la cuestión de fondo debe resolverse todavía de forma definitiva en los procesos contenciosos administrativos que todavía están en curso.


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