El sustituto de Pigem en el CGPJ está imputado por falsedad documental

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El juez archivó la causa abierta contra el sustituto de Pigem un día antes de conocerse el incidente de Andorra

El candidato a sustituir a la dimisionaria vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Mercé Pigem, Antonio Álvarez-Buylla, está siendo investigado por un posible delito de falsedad documental por alterar presuntamente los estatutos del Colegio de Procuradores de Madrid.

El decano de los procuradores de Madrid, Álvarez-Buylla Ballesteros, de tendencia conservadora y del que se decía que era el candidato a vocal del exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, es el primer sustituto a ocupar la plaza que ha dejado vacante Pigem, tras dimitir después de ser sorprendida en la frontera de Andorra con 9.500 euros.

El Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid abrió una causa contra él y el secretario del Colegio de Procuradores, Ramiro Reynolds, después de que la Audiencia Provincial de Madrid se lo ordenase al estimar la querella presentada por la Asociación para la Defensa del Procurador.

Álvarez-Buylla negó haber falseado los estatutos y la secretaria del Consejo reconoció que había cometido un error administrativo, durante su declaración ante el juzgado, el cual remitió la pasada semana las actuaciones a la Audiencia Provincial de Madrid.

ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DEL PROCURADOR

La Asociación para la Defensa del Procurador se querelló contra Álvarez-Buylla y Reynolds por haber modificado tres artículos del proyecto de estatutos del Colegio, cuando ya había sido aprobado por la Junta General Extraordinaria del 15 de julio de 2010.

En concreto, les acusó de suprimir el artículo 8, sobre las cuotas de incorporación de los colegiados, y el 39, relativo al secreto de deliberaciones de la Junta.

Además, afirmó que se alteró el artículo 64.1, en su apartado c, para introducir una adición: "Deberá responder al principio de capacidad económica y se devengará en cada procedimiento e instancia en que intervenga el profesional".

Esta modificación habría permitido al Colegio de Procuradores de Madrid obtener 16 millones de euros desde 2010, según ha explicado la asociación querellante, que presentó una ampliación de querella por la posible modificación del Estatuto de 2007.

El proyecto de Estatuto, que incluía esta "alteración mendaz", fue remitido para su inscripción al Registro de Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid y para su publicación al Boletín Oficial autonómico.

En enero de 2013, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló el Estatuto Profesional al entender que la supuesta modificación "carecería de efecto jurídico alguno".

La Audiencia de Madrid consideró en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, que los hechos revisten caracteres de un delito de falsedad en documento público y "estaríamos en un caso de tentativa inidónea punible".

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