José Luis Baltar se sienta hoy en el banquillo acusado de prevaricación por 104 contrataciones

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José Luis Baltar se sienta hoy en el banquillo acusado de prevaricación por 104 contrataciones

El juicio del que fue presidente de la Diputación de Ourense durante 22 años, José Luis Baltar, acusado del delito continuado de prevaricación, tendrá 70 testimonios de jefes de servicio, alcaldes y algunos de los 104 contratados por él.

El juicio correspondiente al Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense se celebrará en la sala habitual de la Audiencia Provincial, por cuestiones de espacio, según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

En la sala y durante cinco días a partir del lunes 30 de junio, José Luis Baltar se sentará en el banquillo de los acusados en una vista que contará con las declaraciones de los testigos pedidos por el fiscal, por la acusación ejercida por el PSOE --16 alcaldes--, por la del sindicato Manos Limpias y por la defensa --al menos dos--, según han indicado fuentes consultadas por Europa Press.

Según el escrito de acusación del fiscal, el acusado decidió que la Diputación contratara a 104 personas con un contrato temporal, "elegidas por el propio presidente de la Diputación sin sometimiento a los mínimos principios que rigen la contratación pública, siendo el único criterio de contratación un mero acto arbitrario de designación de los contratados por él mismo".

Los contratos se formalizaron con ocho decretos "firmados de su puño y letra" en enero, febrero y marzo de 2010, y se mencionaba en ellos, como amparo legal la regulación de bienes, actividades y servicios, y su contratación "pero no la del personal laboral", según sostiene el fiscal.

Además, considera que las contrataciones se hicieron "con desprecio absoluto" por la Ley de las Bases del Régimen Local y vulnerando "frontalmente" la Ley de Presupuestos del Estado que prohíbe contratar personal temporal o funcionarios interinos salvo casos excepcionales, urgentes e inaplazables "sin que en ninguno de los contratos citados se constate, ni tan siquiera se exprese, la excepcionalidad".

Según el relato del Ministerio Público, los contratos también se saltaron la ordenanza de la Diputación, firmada por el propio Baltar en 2004, que regula la contratación de personal laboral temporal y que, en el caso de ser urgente, "establece la necesidad de una convocatoria pública" con anuncio en el Boletín Provincial o en el tablón de edictos de la diputación, indicando el perfil requerido, tipo de contrato y plazo para presentar currículos, según añade el fiscal.

"OMISIÓN CONSCIENTE"

El fiscal considera que en ninguno de los 104 contratos existió previa convocatoria u oferta en el BOP o en el tablón de edictos y atribuye a Baltar su "omisión consciente" para designar a las personas contratadas "por su única decisión sin sujeción a las elementales normas que rigen la contratación".

La gran mayoría de los contratos, según se recoge en el mismo escrito, contaban "única y exclusivamente" con una petición previa por parte de los jefes de servicio a los que fueron asignados luego los contratados, pero en algunos casos "ni siquiera existió ese previo informe del jefe de servicio correspondiente" y en otros "simplemente existió un escrito del acusado, como el del 8 de enero de 2010, dirigido al servicio de recursos humanos de la Diputación para ordenar la contratación para determinados puestos a petición propia".

En el escrito de Baltar dirigido a recursos humanos se ordenaron una veintena de contrataciones basadas en "solicitudes formuladas por los ayuntamientos o mancomunidades, fórmula sin reflejo documental" en el expediente del contrato y que "encubría el mero acto de pura discrecionalidad de la contratación", según indica el fiscal.

SILENCIO DE LOS SINDICATOS

En el texto de acusación se detalla que las contrataciones supuestamente ilícitas y la falta de control o inspección también fueron posibles por la "omisión y silencio de la comisión de control y seguimiento" creada por la propia ordenanza de 2004 en la que estaban dos diputados provinciales, dos funcionarios cualificados de la diputación, un representante de la junta de personal, otro del comité de empresa y 4 representantes de los sindicatos mayoritarios.

"En ninguna de las 24 reuniones de esa comisión entre enero de 2010 y octubre 2011, se planteó ni una mera petición de información sobre los contratos de la querella y ni tan siquiera acudieron a las reuniones dos de los sindicatos, mientras que otro sólo acudió a tres", se recoge en el escrito. Tampoco hubo informes de Intervención y Secretaría de la institución provincial, "ni siquiera verbales", hasta después de los decretos. "Y en ninguno de ellos se informó sobre si la tramitación de los contratos se adecuaba a la legalidad", apostilla.

La petición de condena de fiscal para el expresidente de la Diputación de Ourense es de inhabilitación durante 10 años para todo empleo público en cualquiera de las administraciones públicas, para cualquier cargo electo derivado de comicios europeos, estatales, autonómicos o locales, y para cualquier cargo o empleo en empresas o instituciones participadas directamente por alguna administración.

TESTIGOS PARA CUATRO DÍAS

En la primera sesión del juicio se tomará declaración al acusado y a nueve testigos, entre ellos el secretario general de la Diputación, Francisco Cacharro Gosende; el exinterventor de la institución José María Baños; el jefe de Recursos Humanos, José Luis Suárez; la directora del Teatro Principal y exnuera de Baltar, Olga M., entre otros.

Para el segundo día están convocados otros 21 testigos; el tercer día serán 18, todos ellos propuestos por el fiscal, además de al menos dos propuestos por la defensa. La cuarta jornada está previsto que declaren 16 alcaldes propuestos por el PSOE y para el último día quedarán los informes y conclusiones de las partes.

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