La fiscalía puede intervenir en las polémicas adjudicaciones de la Agencia Catalana del Agua

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Según publica este miércoles El Periódico, el informe de la Intervención General de la Generalitat señala con nombres y apellidos a ocho directivos de la Agencia Catalana del Agua ( ACA). Pero un nombre sobresale entre ellos y es el que fuera director general de la entidad en 2008, Manuel Hernández Carreras, que parece ser que intervino en una supuesta tramitación "irregular" de expedientes de contratación de servicios de asesoría por valor de 7,9 millones a una UTE representada por el ex gerente del ACA, Josep Lluís Quer.

Ahora la fiscalía provincial de Barcelona estudia la denuncia presentada por el Govern y avalada por la Sindicatura de Cuentas por presunta malversación de fondos, prevaricación, tráfico de influencia y revelación de secretos.

Al no tener la condición de aforados los implicados en esta trama de adjudicaciones pueden ser llamados a declarar por la Fiscalía Provincial de Barcelona que resolverá en breve si abre o no una investigación al respecto.

En el informe de la Intervención General se detallan cada una de las supuestas irregularidades presuntamente cometidas en el ACA, organismo que entonces estaba bajo el mandato de un conseller de ICV-EUiA y que se encargó de la licitación, adjudicación y la contratación de estudios y trabajos para la elaboración de un programa de la cuenca fluvial.

En dicho informe considera demostrado que la contratación realizada por el ACA no pretendía atender exclusivamente a una única necesidad por lo que para la Generalitat la adjudicación estaba decidida antes del único del expediente de contratación, como demuestran las diferentes reuniones preparatorias y acuerdos mantenidos entre los empresarios y personal del ACA.

Además el dictamen destaca que la falta de justificación de trabajos correspondientes a cinco contratos complementarios pues su objeto ya se incluía como una de las partidas del contrato principal y no se ha acreditado que el presupuesto inicial no fuera suficiente para ejecutar las labores adjudicadas. Así mismo, tres de esos contratos tienen una misma finalidad.

Para la Intervención General el contenido de estos informes es insuficiente en la acreditación de un servicio prestado por la UTE y por el que la ACA desembolsó 134.000 euros, y que de los trabajos realizados se desprende " solo que se ha realizado una mera obtención de información, en muchos casos por internet e incluso de la propia ACA, sin que conste ningún proceso real de análisis o de obtención de datos que pueden justificar el importe abonado".

La validación de los contratos apunta a dos personas, por un lado al que era jefe de planificación de abastecimiento de agua y al coordinador de áreas. La Generalitat también identifica a otros cuatro directivos del ACA como responsables de la autorización e los pagos por valor de 7,9 millones de euros.

Por su parte Joan Lluís Quer, representante legal de ese grupo de empresas o UTE, ha negado que se hubieran cometido irregularidades en la realización de los trabajos. Y pese a que Quer fue gerente de la ACA desde el año 2000 al 2004 parece ser que no incumplió las incompatibilidades en materia de contratación aunque si se pone en duda que los pagos realizados fueran los debidos a diferentes contratos.

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