Vocales progresistas y nacionalistas del Consejo General del Poder Judicial piden que se retire la reforma de Ley Orgánica que les afecta

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El informe que debe elaborar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) presentada por el departamento de Alberto Ruiz-Gallardón -que reforma toda la estructura judicial actual, que será sustituida por tribunales de instancia provinciales- ha recabado de cara a su discusión del próximo jueves dos enmiendas a la totalidad y 74 enmiendas parciales presentadas por los diferentes vocales de este órgano.

Un total seis vocales progresistas del Consejohan presentado un escrito solicitando que este órgano consultivo inste al Gobierno a retirar el Anteproyecto de nueva LOPJ por considerar que la nueva regulación "choca frontalmente" con los mandatos de la Constitución como la independencia y la inamovilidad de los jueces y su sumisión únicamente al imperio de la Ley.

A esta se añade otra enmienda a la totalidad suscrita por los vocales Enrique Lucas (designado a propuesta del PNV) y Mercé Pigem (a propuesta de CiU). Las alegaciones más contundentes se contienen en el escrito que seis vocales del denominado sector progresista del CGPJ han presentado dentro del plazo de alegaciones al informe que el órgano de gobierno de los jueces tiene previsto discutir el próximo jueves sobre el Anteproyecto, está firmado por los vocales Roser Bach, María Victoria Cinto, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo Muelas, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda.
Otros dos vocales designados a propuesta del PSOE, Álvaro Cuesta y Mar Cabrejas han presentado sus alegaciones de forma diferenciada del anterior grupo. Presentan un total de 6 alegaciones conjuntas de carácter parcial.

El resto de alegaciones parciales han sido suscritas por Ángeles Carmona (4), Concepción Sáez (6), Fernando Grande-Marlaska (3), Juan Martínez Moya (15), Juan Manuel Fernández (2), Mercè Pigem y Enrique Lucas (10, conjuntas), Nuria Díaz (6) y Wenceslao Olea (22).

Las de éste último son de carácter técnico y en la línea crítica de las realizadas por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en relación con la jurisprudencia vinculante que la nueva norma prevé para el alto tribunal.

Por lo que se refiere al texto de los progresistas, al que ha tenido acceso Europa Press, contiene diez razones para la retirada del Anteproyecto, entre ellas su falta de rigor técnico y carencia de análisis de coste y de un estudio previo que valore al alternativas posibles.

Cuestionan asimismo la necesidad de una LOPJ de nuevo cuño y advierten que su contenido afecta radicalmente a competencias de otras administraciones, la mayoría de las comunidades autónomas.
Los vocales discrepantes con la reforma dicen también que la nueva LOPJ propone un cambio radical de la organización judicial de "dudosa operatividad" al suprimir los juzgados y las audiencias provinciales en favor de tribunales de instancia provinciales que precisarían "ensayos previos a pequeña escala o experiencias controladas que permitan evaluarla y diseñarla adecuadamente".

ACCESO DE LOS CIUDADANOS A LA JUSTICIA

"Todo ello, y teniendo en cuenta que suprime los juzgados de paz sin introducir un sistema alternativo de justicia de proximidad, permite augurar que esta nueva norma va a derivar en un acceso más difícil a la justicia para los ciudadanos que no vivan en las capitales de las provincias, un mayor coste para las partes, denunciantes, testigos y víctimas y una evidente desprotección de los colectivos más vulnerables", advierten los vocales progresistas.

A juicio de estos consejeros, el nuevo diseño que se propone es un modelo "que reduce elementos sustanciales y garantías básicas de la independencia de cada juez o tribunal" como son la inamovilidad y la predeterminación legal del órgano en cada caso concreto.

Así, advierten que la propuesta del departamento de Alberto Ruiz-Gallardón permite a los presidentes de los tribunales superiores de justicia y a las salas de Gobierno incidir, por medio de las normas de repartos y los refuerzos, en la composición de los tribunales; así como atribuir la instrucción de un asunto a una sección judicial concreta, privando de la misma a los jueces que ya estuvieran conociendo del mismo.

Igualmente, denuncian que el proyecto "denota una clara desconfianza hacia el Poder Judicial y un empeño dirigido a su burocratización" e inciden especialmente en sus críticas en la introducción del carácter vinculante de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que altera el tradicional sistema de fuentes del derecho.

Finalmente, y al igual que han hecho otros colectivos como asociaciones judiciales y el propio Tribunal Supremo, los vocales progresistas critican la "auténtica mordaza legal" que supone la prohibición a jueces y asociaciones de pronunciarse públicamente sobre casos concretos.

"No hay elemento más disolvente para una sociedad justa y democrática que un cambio en las reglas de organización y funcionamiento de sus más relevantes instituciones impuesto en sus reglas fundamentales sin contar con el acuerdo y la implicación de todos los actores y los sectores afectados", concluyen.

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