Gallardón afirma que será el Consejo de Ministros quien decida sobre la reforma

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La aprobación de la reforma se retrasa hasta final de agosto o principios de septiemb

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha afirmado este lunes que será el Consejo de Ministros quien decida el contenido final del proyecto de Ley Orgánica de Protección del Concebido y los Derechos de la Embarazada.

En declaraciones a los medios en el marco del IX Congreso del Club Español de Arbitraje, Gallardón contestaba así en relación a la posibilidad de que se suavice el anteproyecto para los casos de malformación fetal y/o incompatibilidad con la vida, asuntos ambos que han planteado tanto el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como del Consejo Fiscal. No obstante, ambos informes, junto al del Comité de Bioética, están aún bajo estudio en el Ministerio de Justicia, según han señalado a Europa Press fuentes de este departamento, que no ha solicitado, por el contrario, opinión al Consejo de Estado.


Por su parte, fuentes parlamentarias han concretado que el proyecto llegará este viernes al Consejo de Ministros para su aprobación y remisión a las Cortes a fin de que inicie su tramitación en el mes de julio. El objetivo es que la norma esté aprobada en noviembre o diciembre, antes en todo caso, de la campaña electoral de 2015.

El primer debate parlamentario aún no tiene fecha y el calendario se ve afectado por el hecho de que julio es un mes que la Constitución sitúa fuera del periodo ordinario de sesiones. La Mesa del Congreso, el primer órgano que debe recibir el proyecto de ley, suele ampliar todos los plazos de enmiendas hasta septiembre, lo que supondría congelar dos meses la tramitación del proyecto.

Ahora bien, la Mesa de la Cámara Baja podría fijar un primer y único plazo de enmiendas hasta mediados de julio para al menos poder celebrar el debate de totalidad en una segunda sesión plenaria de final de mes.

Según las previsiones, prácticamente casi todos los grupos parlamentarios presentarían una enmienda de totalidad al texto presentado por el Gobierno, salvo UPN y los diputados de Uniò que en alguna ocasión han manifestado su respaldo a la normativa.

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