El Gobierno podría matizar la Ley del aborto e incluir la malformación del feto como supuesto para abortar

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El Gobierno planea llevar la Ley Orgánica de Protección de los Derechos del Concebido y de la Mujer Embarazada al Consejo de Ministros el próximo viernes 27 de junio, con el objetivo de que inicie su tramitación parlamentaria en el Congreso durante el siguiente mes.

Fuentes parlamentarias, que prevén que esta la norma esté definitivamente aprobada para noviembre o diciembre, han explicado que la ley podría contemplar cambios, respecto al texto presentado por el Gobierno hace unos seis meses, como el caso de interrupción voluntaria del embarazo en caso de malformación del feto, un punto que ha generado gran discordia tanto dentro como fuera del partido.

Aun así, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha reiterado este lunes que será el Consejo de Ministros quien decida el contenido final del proyecto de Ley Orgánica de Protección del Concebido y los Derechos de la Embarazada.

En declaraciones a los medios en el marco del IX Congreso del Club Español de Arbitraje, Gallardón contestaba así en relación a la posibilidad de que se suavice el anteproyecto para los casos de malformación fetal y/o incompatibilidad con la vida, asuntos ambos que han planteado tanto el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como del Consejo Fiscal.

No obstante, ambos informes, junto al del Comité de Bioética, están aún bajo estudio en el Ministerio de Justicia, según han señalado a Europa Press fuentes de este departamento, que no ha solicitado, por el contrario, opinión al Consejo de Estado.

Por su parte, fuentes parlamentarias han concretado que el proyecto llegará este viernes al Consejo de Ministros para su aprobación y remisión a las Cortes a fin de que inicie su tramitación en el mes de julio. El objetivo es que la norma esté aprobada en noviembre o diciembre, antes en todo caso, de la campaña electoral de 2015.

El primer debate parlamentario aún no tiene fecha y el calendario se ve afectado por el hecho de que julio es un mes que la Constitución sitúa fuera del periodo ordinario de sesiones. La Mesa del Congreso, el primer órgano que debe recibir el proyecto de ley, suele ampliar todos los plazos de enmiendas hasta septiembre, lo que supondría congelar dos meses la tramitación del proyecto.

Ahora bien, la Mesa de la Cámara Baja podría fijar un primer y único plazo de enmiendas hasta mediados de julio para al menos poder celebrar el debate de totalidad en una segunda sesión plenaria de final de mes.

Según las previsiones, prácticamente casi todos los grupos parlamentarios presentarían una enmienda de totalidad al texto presentado por el Gobierno, salvo UPN y los diputados de Unió que en alguna ocasión han manifestado su respaldo a la normativa.

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