Jueces para la Democracia celebra su 29º Congreso donde analizan la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

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Juicio

Jueces para la Democracia celebró en Oviedo durante los días 18 y 19 de junio su 29º Congreso, en el que se han aprobado diversas resoluciones, se ha analizado la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que impulsa el ministro Gallardón y se ha elegido el nuevo Secretariado de la organización y ha sido reelegido Joaquim Bosch como portavoz de Jueces para la Democracia, por un segundo mandato de dos años.

El nuevo Secretariado queda formado por Joaquim Bosch, destinado en el juzgado nº 1 de Moncada (Valencia), con 194 votos; Victoria Rosell (juzgado de instrucción nº 8 de Las Palmas), con 173 votos; Begoña López (juzgado de instrucción nº 3 de Alcalá de Henares), con 172 votos; Àngels García (juzgado de instrucción nº 2 de Tarragona), con 171 votos; Julio Martínez (juzgado nº 5 de Avilés), con 171 votos; Carla Vallejo (juzgado de instrucción nº 3 de Telde), con 167 votos; Ignacio Martín (juzgado de primera instancia nº 12 de Valladolid), con 166 votos; Javier Martínez (juzgado de violencia sobre la mujer nº 7 de Madrid), con 163 votos; y Carlos Preciado (sala social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña), con 112 votos.

El congreso de Jueces para la Democracia ha analizado muy críticamente la reforma de la estructura judicial que propone el Gobierno, por entender que supone un ataque a la independencia judicial y que incorpora instrumentos de control por parte del poder político, especialmente en procedimientos vinculados a la corrupción. Según JpD, esta reforma resulta contraria a la división de poderes. Asimismo, se ha acordado reclamar una reforma para que no sean los políticos quienes nombren a los magistrados vocales del Consejo General del Poder Judicial, sino que estos sean elegidos por los propios jueces. Dicho acuerdo está motivado especialmente por el creciente desprestigio de la máxima institución judicial, ante los continuos repartos de cuotas entre las fuerzas políticas y el descrédito que ello está provocando a los ojos de la ciudadanía.

Por otro lado, el Congreso de Jueces para la Democracia ha expresado su preocupación por la situación de crisis institucional. Por ello, se valora la necesidad de recuperación de la confianza colectiva en el modelo de convivencia, lo cual implica la renovación del pacto que llevó a la Constitución de 1978. En este ámbito, JpD reclama la apertura de un espacio de debate que posibilite alcanzar un nuevo pacto colectivo, legitimado por la adhesión mayoritaria de los ciudadanos. Dicho proceso, que debería culminar con un referéndum, tendría que resolver democráticamente también el debate generado sobre la forma de gobierno, monarquía parlamentaria o república.

En otro orden de cosas, Jueces para la Democracia acordó criticar la reforma del Código Penal, al considerar que supone una regresión histórica, pues supone la apuesta por perspectiva jurídica de carácter autoritario; JpD considera que dicha reforma da la espalda a las libertades y a los derechos constitucionales con la falsa promesa de un incremento de la seguridad. Además, Jueces para la Democracia aprobó solicitar una ley que declare con carácter general la nulidad de todas las cláusulas suelo, con carácter retroactivo y con devolución de las cantidades a los consumidores, ante el carácter abusivo en este ámbito de la actuación de las entidades bancarias.

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