Queremos decidirlo todo

Joan Carles Gallego
Secretari general de CCOO de Catalunya

La abdicación del rey es una expresión más de la crisis político-institucional que acompaña la gestión de la crisis económica y social, que está generando, cada vez más, un mayor distanciamiento hacia las instituciones políticas y sociales del país.

El paro, el empobrecimiento, la desigualdad creciente, el debilitamiento de las redes de protección, son resultado de las políticas que aplican los gobiernos. Las acciones y medidas que se imponen, bajo el dogma neoliberal imperante en la UE, pero con decididas acciones de recortes en servicios públicos y en protección y reformas regresivas en derechos laborales y sociales, por parte de los gobiernos del estado y de Cataluña , son claramente contrarias a los intereses de la mayoría de la sociedad. Hay una amplia percepción social que los grandes beneficiarios de estas políticas son la minoría que ostenta el poder financiero, las grandes empresas y las grandes fortunas.

Hoy podemos dar por agotado el entramado institucional que se construyó en la Transición. Fue posible construirlo gracias a las fuertes luchas por la democracia que protagonizaron los trabajadores y amplias capas sociales y los consensos que se fueron generando en aquellos momentos. Este marco ha permitido un largo periodo de estabilidad democrática e importantes avances sociales, aunque ahora se manifiestan buena parte de las insuficiencias. Hoy el modelo ha agotado su impulso inicial: la gravedad y la extensión de los casos de corrupción (que abarca todos los partidos de gobierno y llega a la casa real); las formas de gobierno autoritarias (imposición de reformas vía "decretazo" hasta llegar a la modificación de la Constitución dictada por los poderes fácticos para garantizar el pago de la deuda); la desafección ciudadana hacia las instituciones y formaciones políticas y sociales "tradicionales" (que se expresa en encuestas y que ahora se ha visto en las elecciones al Parlamento Europeo); el debate sobre la organización territorial del Estado (que nos lleva a un choque de trenes por el afán recentralizador que ignora la diversidad y plurinacionalidad del Estado y se niega a reconocer el derecho de la ciudadanía a expresar su posición ); la vasta y diversa movilización social que en los últimos tiempos se viene produciendo con amplia participación de la juventud. El actual marco institucional está gravemente agrietado. Hay reformularlo y repararlo con la contribución de todos.

Es por ello que ni la abdicación ni el proceso sucesorio pueden ser utilizados para dar cobertura a nuevos procesos de ajuste, como se plantea desde las instituciones europeas, que insisten en reformas y recortes de derechos, ni se puede pretender que sea la solución a la grave crisis institucional. Hay que aprovechar esta situación para iniciar un profundo debate social para la reforma de la Constitución. Una reforma que debe permitir reforzar su carácter social y el papel de los servicios públicos y las redes de protección, para avanzar hacia una sociedad más justa, y que suprima la reforma exprés del artículo 135, pactada por PP y PSOE, que nos obliga a pagar la deuda por encima de cualquier prioridad o necesidad social. Una reforma que debe profundizar en los mecanismos de participación democrática y acercar las instituciones a las iniciativas ciudadanas y garantizar la proporcionalidad en los procesos electorales. Ahora hay más y mejor democracia.

Es, también, una oportunidad para establecer un marco que permita afrontar el debate territorial y dar respuesta a un modelo de Estado y de encaje de las diferentes nacionalidades que hoy lo integran que se muestra agotado, tanto por los continuos afanes recentralizadores y los incumplimientos de lo pactado en los estatutos de autonomía, como por la demanda de más y mayor autogobierno y el respeto al ejercicio del derecho a decidir. En Cataluña una gran mayoría pide poder decidir sobre esta cuestión y se ha evidenciado en amplias movilizaciones sociales.

Es posible asumir la respuesta a todas estas cuestiones a partir del debate social y la más amplia participación ciudadana en la reforma del marco constitucional, que aborde los problemas de fondo y los resuelva con la participación y el voto de la ciudadanía. Quizás por eso estos días hay una serie de manifestaciones y actos, como la movilización del próximo domingo 15 de junio a las 11 horas en la Plaza de Cataluña de Barcelona donde se reclama poder decidir, no sólo qué modelo de estado queremos sino también como queremos que sea, el "queremos decidir todo".

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