El Gobierno estudiará el informe sobre el decreto de enseñanza en castellano pero "no es vinculante"

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Rigau y Wert

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte estudiará las observaciones del Consejo de Estado al proyecto de Real Decreto que regula el derecho a recibir educación en castellano en las comunidades con lengua cooficial.

Así lo han explicado a Europa Press fuentes de este ministerio, que han precisado que, en todo caso, el dictamen del Consejo es preceptivo pero no vinculante.

El dictamen de la institución, avanzado por TV3, ve indicios de inconstitucionalidad en la obligación de que la administración autonómica compense económicamente a las familias que decidan escolarizar a sus hijos en un centro privado que utilice el castellano como lengua vehicular, en caso de que los centros públicos no provean de una oferta razonable de esta enseñanza. Por ello, la consellera de Enseñanza de la Generalitat, Irene Rigau, ha exigido este jueves al Gobierno que retire esta disposición de la Ley Orgánica de Mejora Educativa (Lomce).

En este sentido, el departamento que dirige José Ignacio Wert puntualiza que el texto que ha llegado al órgano consultivo ha pasado antes por los distintos estamentos y que, al igual que éstos, el Consejo de Estado tiene derecho a emitir un informe sobre el mismo que, en este caso, ha sido un informe con "observaciones". Así, subraya que se estudiarán esas observaciones como se van a estudiar todas las demás y que a partir de ahí se redactará un texto para elevarlo al Consejo de Estado. Igualmente, subraya que siempre ha escuchado y ha sido muy sensible a todos los estamentos y agentes sociales implicados.

La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa recoge en su disposición adicional trigésimo octava el derecho de los padres o tutores legales del alumnos que cursa educación básica en aquellas comunidades autónomas con lengua cooficial a recibir una compensación económica.

Esta compensación se percibiría en caso de estudiar en un centro privado, en un centro privado en el que el castellano sea utilizado como lengua vehicular, cuando la administración correspondiente no provea de una oferta razonable de enseñanza en castellano.

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