El juez rechaza el intento de Oriol Pujol de paralizar la investigación sobre su patrimonio

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Oriol Pujol

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha rechazado un recurso de la defensa del diputado de CiU en el Parlament Oriol Pujol y su mujer, Anna Vidal, contra las diligencias encargadas por el juez para investigar su patrimonio, al verlas "invasivas y desproporcionadas".

"La investigación del patrimonio de Anna Vidal i Maragall y también de Oriol Pujol Ferrusola --que desde una perspectiva familiar pueden confirmar una unidad económica-- se trata de una diligencia pertinente, necesaria, adecuada y proporcionada", sostiene el magistrado del caso ITV, Enric Anglada, en un auto al que ha tenido acceso Europa Press.

Oriol Pujol está imputado por un presunto delito de soborno por presuntamente exigir a un empresario de las ITV 30.000 euros --presuntamente cobrados a través de su esposa-- por votar a su favor en la tramitación de la Ley de Seguridad Industrial de 2008.

El juez había ordenado varias diligencias para investigar si el dinero que Vidal recibió de la firma Alta Partners, del empresario también imputado Sergi Alsina, se corresponde con unos trabajos de consultoría --como dicen los dos acusados-- o con la exigencia del político del pago para su apoyo parlamentario.

Ahora, el juez replica a los acusados que las diligencias son pertinentes, máxime cuando Vidal y Alsina alegaron que, pese a existir una colaboración de la primera con la empresa de consultoría del segundo, no había ningún contrato firmado entre ambos, y presentaron únicamente "unas meras notas manuscritas para intentar justificar la intervención de Anna Vidal" en los procesos de compra y venta de dos compañías del sector logístico.

"Lo que se discute es si realmente las cantidades recibidas por Anna Vidal i Maragall de Alta Partners se corresponden con los trabajos" que dice que hizo como colaboradora de la empresa, insiste el magistrado.

El juez esgrime un argumento más para defender esta proporcionalidad: la gravedad del delito de soborno y la trascendencia pública del mismo, teniendo en cuenta que Oriol Pujol es y por tanto tiene "un plus de exigencia en sus actos públicos, teniendo la sociedad el derecho a que se investigue el comportamiento supuestamente delictivo de uno de sus representantes, utilizando, si fuera necesario, diligencias de investigación más contundentes".

Recuerda también las dificultades que suelen existir para poder probar el delito de soborno porque habitualmente se lleva a cabo en un ámbito privado en el que los participantes tienen interés de esconder, por lo que en estos casos "se han de acordar diligencias de investigación un poco más invasivas" para determinar si el patrimonio de los investigados guardia relación con sus ingresos reales.

El juez había ordenado al Servicio de Vigilancia Aduanera que investigue el patrimonio del matrimonio por "una posible recepción de ingresos irregulares y ajenos a su actividad profesional"; concretamente, el periodo comprendido entre 2007 y 2009, tanto en lo relativo a bienes financieros como patrimoniales.

Además, había pedido a la Delegación Provincial de Hacienda en Barcelona una copia de las declaraciones de renta y patrimonio del político y de su mujer de los ejercicios fiscales de 2007, 2008 y 2009.

El juez también había solicitado al Parlament que aporte variada documentación sobre la Ley de Seguridad Industrial del 23 de julio de 2008: la fecha de presentación por parte de CiU, la de la presentación de las enmiendas transaccionadas, y la de la aprobación de la ley y del reglamento que la desarrolla.

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