Las farmacias catalanas, pendientes del cobro de parte de las facturas retrasadas

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Las farmacias catalanas se encuentran pendientes de cobrar dos de las tres mensualidades que suman 213 millones de euros en concepto de facturas retrasadas, en el marco de la transferencia del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de 3.000 millones del remanente del Fondo de Liquidez Autonómica de 2014.


Así lo han informado a Europa Press fuentes del Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Catalunya, que han señalado que el dinero para pagar las facturas de agosto y septiembre podría llegar entre este jueves y viernes, dado que son más de 650.000 facturas las que se tienen que abonar con este fondo.


La Administración debe a las farmacias la mensualidad de octubre (117,8 millones), que debería haber pagado en diciembre, la de agosto (100 millones), que se debería haber abonado en octubre y la de septiembre (112,5 millones), que se debería haber pagado en noviembre.


De este modo, la deuda que acumula la Generalitat con las boticas --que lamentan que están cobrando con una media de 85 días de retraso-- es de tres meses y asciende a 330,3 millones de euros, aunque el FLA solo pagará dos de las mensualidades citadas.


La tipología de pagos incluidos son aquellos definidos como servicios públicos fundamentales en el ámbito social, educativo y de salud que cumplen las condiciones del programa del FLA.


Dentro de este grupo se encuentran los pagos a las farmacias (213 millones), los conciertos sanitarios (715) y sociales (36) y los proveedores en el ámbito de la salud (901); los gastos en programas sociales y educativos (186); los pagos por ayudas a la dependencia (78), convenios sociales con administraciones locales (45) y pagos de educación universitaria (182), que ascienden a un total de 2.356 millones de euros.


También se incorpora el pago de las facturas de gastos corrientes --proveedores de limpieza, seguridad, suministros, informática y telecomunicaciones, entre otros-- de la Generalitat y administraciones dependientes para la prestación de servicios básicos de funcionamiento, con un importe de 794 millones de euros.

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