Barcelona multa con 60.000 euros a Airbnb y Homeaway por anunciar pisos turísticos ilegales

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El Ayuntamiento de Barcelona ha sancionado a las plataformas Airbnb y Homeaway con 30.000 euros a cada una por publicitar viviendas sin el número de Registro de Turismo de Catalunya, y con otros 30.000 por no responder a los requerimientos de la administración para que facilitara datos de los pisos sin licencia, con un total de 60.000 euros a cada una.


La teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, ha declarado este lunes que se ha aplicado a ambos portales la máxima sanción prevista por publicitar viviendas sin el registro, dado el número de anuncios que ofrecen --3.929 Homeaway y 1.891 Airbnb--, el aviso previo y la posición dominante de ambas plataformas en el mercado.


El Ayuntamiento ha utilizado una nueva herramienta, conocida como 'araña web', para facilitar la detección de pisos turísticos no regulados en Internet, y que se ha empezado a usar en estos dos portales porque son los que acumulan más oferta.


Sanz ha avisado de que se está haciendo seguimiento del resto de plataformas, a las que podrían abrir expedientes sancionadores en las próximas semanas si siguen publicitando viviendas de uso turístico sin el número de registro.


Ha dicho que Barcelona es la primera ciudad que abre estos procesos sancionadores pero ha destacado que su voluntad no es sancionar, sino alentar a las plataformas a colaborar para eliminar los pisos turísticos irregulares.


También ha explicado que las sanciones se pueden recurrir, aunque la ley les da cobertura: "Toda aquella plataforma que tenga oferta ilegal de pisos turísticos en Barcelona se encontrará con la aplicación de la ley".


La teniente de alcalde ha pedido a administraciones superiores --ha citado a la Generalitat-- más herramientas contra los pisos turísticos sin número de registro y su publicidad, con el objetivo de "desarrollar esta presión con mucha más contundencia", ya que considera insuficientes los instrumentos actuales.


Sanz ha recordado que el Ayuntamiento ha enviado 22 requerimientos a plataformas digitales que ofrecen viviendas de uso turístico para que cumplan las obligaciones de la Ley de Turismo de Catalunya, para que faciliten datos de los propietarios y recordarles que en los anuncios debe constar el número de inscripción en el Registro de Turismo de Catalunya (RTC).


Además, el consistorio ha enviado a la Agencia Tributaria los datos de los 779 titulares de pisos a los que ha abierto un expediente sancionador por poner en alquiler pisos sin licencia de enero de 2011 a octubre de 2015 --periodo en que ha abierto 986 expedientes--, con el fin de comunicar esta información de forma periódica.


BARCELONETA


La concejal de Ciutat Vella, Gala Pin, ha destacado que el Distrito ha empezado este mismo lunes a instalar placas identificadoras con el número de licencia y de teléfono en las puertas de viviendas de uso turístico con licencia del barrio de la Barceloneta, para que los vecinos puedan identificar los inmuebles y facilitar la detección de los irregulares.


Del total de 72 viviendas de uso turístico con licencia en la Barceloneta, se han colocado placas en 33; en cambio, cuatro propietarios que acumulan un total de 20 pisos no se han querido sumar al proyecto de placas identificadoras; y los datos de otras 19 viviendas están incompletos o con errores, algo que podría comportar el inicio de expedientes sancionadores.


La voluntad del Distrito es instalar estas placas en toda Ciutat Vella --donde hay 604 legales-- y no sólo en la Barceloneta, barrio donde, de julio a octubre, se han llevado a cabo 8.553 visualizaciones e inspecciones y se han iniciado 61 procedimientos sancionadores, y donde hay 539 procedimientos que se están tramitando sobre posibles irregularidades relacionadas con la vivienda turística.


Desde verano de 2014 hasta finales de este octubre se han llevado a cabo 29 precintos en la Barceloneta, barrio que cuenta con una oficina de denuncias desde noviembre del año pasado y que, hasta el 31 de octubre, ha recibido 201 instancias, 41 fichas de las personas que han rechazado identificarse y 11 llamadas.

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