LA PRIVATIZACIÓN DE ATLL: UN NEGOCIO QUE PERJUDICA A LA CIUDADANÍA

Redacción Catalunyapress


Hace pocos meses se constituía la plataforma Agua es vida. Una plataforma formada por colectivos vecinales, sindicales y ecologistas que han empezado a poner en marcha una serie de actividades y actuaciones concretas en defensa de la gestión pública del agua.

El debate en relación a la gestión del agua es especialmente relevante dada la propuesta de privatización de la gestión de Aguas Ter Llobregat (ATLL) que ha puesto sobre la mesa el Gobierno de la Generalitat. Privatización de la gestión de una empresa estratégica para nuestro país. Esta ha sido una propuesta unilateral de la Generalitat, que en ningún caso a contado con la participación de los ayuntamientos afectados. Por ello, desde ICV-EUiA creemos que el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) como parte implicada y afectada de toda esta propuesta debía posicionarse en contra, al igual que muchos ayuntamientos del área metropolitana ya lo han hecho.

Tenemos muchos motivos que evidencian que la externalización de la gestión de ATLL supondrá una pérdida de calidad en el servicio de agua. Primero, porque ATLL es una empresa ejemplar y eficiente que en 2010 fue considerada la segunda mejor empresa pública del mundo por una entidad internacional vinculada a la gestión del agua. Los abastecimientos han sido excelentes y las infraestructuras gestionadas por la empresa están en un estado formidable. Si algo funciona, ¿para qué cambiarla?

Segundo, porque ATLL es una empresa pública financiada íntegramente con fondos públicos y ningún partido político con representación en el Parlamento de Cataluña incluyó la propuesta de externalizar la gestión del agua en su programa electoral. Nos encontramos en un contexto en que la ciudadanía cada vez pierde más confianza en la política y en las instituciones, y por ello una decisión como ésta debería ir acompañada de una consulta popular. En nombre de la austeridad no vale todo, no vale que el sistema público asuma todas las pérdidas y en cambio la iniciativa privada se lleve todos los beneficios. Hoy ATLL es un patrimonio común de toda la ciudadanía y por ello la ciudadanía debe poder opinar.

Tercero, ATLL posee un patrimonio activo cuantificado en 1.800 millones de euros formado por infraestructuras financiadas con la aportación económica de la ciudadanía, ya sea mediante los impuestos, las tarifas o el canon sobre el agua. Y no sólo la ciudadanía es copropietaria, sino también los ayuntamientos, que han financiado el 50% de la inversión para su conexión a la red. No entendemos como la Generalitat ha hecho suyas estas propiedades sin ofrecer compensaciones ni a la ciudadanía ni a los ayuntamientos y creo que los ayuntamientos, así como la AMB deberían tener voz propia en todo este proceso.

Cuarto, la deuda que tiene ATLL es de 663 millones de euros, que proviene de la incorporación de otras empresas públicas y de las inversiones necesarias realizadas en los últimos años para garantizar el suministro de agua potable en Cataluña. Durante 7 años de gobierno de izquierdas tuvo que hacer las inversiones necesarias para garantizar el suministro de agua potable en Cataluña, en calidad y en cantidad, el saneamiento y la recuperación de los acuíferos.

Hoy, es el gobierno de la Generalitat quien pretende regalar a la iniciativa privada un patrimonio de 1400Meuros en infraestructuras y mientras criminaliza sistemáticamente la gestión económica de la política hidráulica del anterior gobierno sin asumir que CiU no hizo nada durante 23 años de gobierno .
Ni el gobierno, ni la ATLL han presentado ninguna justificación económica ni ningún estudio que determine que la privatización del servicio será ventajosa, más si tenemos en cuenta que la Generalitat seguirá asumiendo la deuda que hoy tiene ATLL. Lo que sí sabemos es que la privatización supondrá un aumento del coste del agua, de las tarifas que pagan los usuarios.
Creemos que un servicio mercantilizado, enfocado exclusivamente a la generación de beneficios o dividendos, pondrá en peligro el buen estado de las infraestructuras y de rebote el servicio de abastecimiento del agua. Tenemos otros ejemplos en muchos pueblos y ciudades de empresas privadas que gestionan servicios públicos y que éstas no invierten en la mejora de las infraestructuras. Por ello, lamentamos que CiU, PP, PSC y ERC no puedan decir con la misma contundencia que queremos seguir siendo referentes de una gestión pública del agua en beneficio de todos.
Desgraciadamente, se están tomando una serie de decisiones estratégicas en el ámbito del ciclo del agua, en los servicios de captación, de abastecimiento en alta y distribución y saneamiento sin un análisis integral y global de las consecuencias. Además se adoptan carentes de diálogo y de voluntad de consenso para alcanzar acuerdos políticos y sociales, utilizando los datos económicos de forma parcial e interesada.
Es inaceptable que CiU y PP sigan poniendo por delante los derechos de la mayoría los negocio de unos pocos. Es intolerable que antepongan el beneficio privado en la defensa de la calidad del servicio de un derecho tan básico y humano como es el agua.
ICV-EUiA seguiremos defendiendo y reivindicando una gestión pública y de calidad del agua porque, sin duda, es la mejor garantía para la ciudadanía

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