Urdangarín intenta salir indemne

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El duque de Palma, Iñaki Urdangarin, ha negado ante el juez José Castro la mayoría de acusaciones que pesan sobre él dentro de la causa sobre el Instituto Nóos y ha culpado a su socio, Diego Torres, de la mayoría de ellas, aunque se ha visto obligado a reconocer la existencia de una cuenta bancaria en Suiza.

El juez ha interpelado al yerno del Rey Juan Carlos durante más de trece horas, después de que en la primera jornada de la comparecencia el magistrado invirtiese más de ocho horas en formularle numerosas preguntas en torno a las presuntas irregularidades cometidas a través del Instituto Nóos. Mientras, este domingo le ha estado interrogando durante unas cinco horas.

Urdangarín ha negado que en 2007 presionase al exdirector general de Deportes del Govern balear, José Luis 'Pepote' Ballester, para que éste le abonase cantidades pendientes por el segundo foro sobre turismo y deporte que el Instituto Nóos organizó en Palma un año antes, en contra de la versión que ofreció el exalto cargo de Jaume Matas cuando fue interrogado por el instructor del caso Palma Arena.

El marido de la Infanta Cristina ha admitido que llamó varias veces a 'Pepote' pero no para exigirle el pago de 400.000 euros que quedaban pendientes por este segundo foro, sino para mediar entre su exsocio al frente de Nóos, Diego Torres, y Ballester con el objetivo de facilitar que el Govern pagase a la entidad, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

A pesar de que el medallista olímpico aseguró que el Duque le llamó para reclamarle el dinero, a raíz de lo cual rompieron la amistad que mantenían desde el año 1985, el duque ha manifestado que por su parte no había intención de acabar con esa relación sino que, más al contrario, posteriormente intentó de nuevo retomar el contacto con Ballester sin obtener respuesta alguna.

Por su parte, 'Pepote afirmó que incluso Matas le dijo "déjalo estar y paga" para que abonase a Urdangarin las cantidades que éste exigía y que, tal y como justificó, no habían sido pagadas debido a que Nóos no había realizado todos los servicios comprometidos.

Es más, el encausado aseveró que había recibido la orden del expresidente balear de que "a todo lo que viniese de Urdangarin le diese el visto bueno", una instrucción que recibía del expresidente cada vez que el duque de Palma hacía una propuesta al gabinete autonómico. Sobre el pago pendiente, ha manifestado que nunca se negó a abonar "ningún resto" al esposo de la Infanta, si bien puntualizó que su pretensión era requerirle que terminara los trabajos pactados respecto al segundo foro.

Asimismo, el duque de Palma se ha desvinculado de los pagos y facturas efectuados con motivo del segundo Illes Balears Forum, que costó a las arcas del Govern 1,1 millones de euros, parte de cuyo destino se desconoce, al insistir en que de estos aspectos así como del ámbito administrativo se encargaba Torres. En esta misma línea se ha desvinculado de la red de empresas creadas en torno a Nóos y a través de las cuales presuntamente se desviaron millones de fondos.

Sobre estos foros -celebrados por 1,2 millones el primero y 1,1 millones el segundo-, el propio Torres aportó a la causa diversas facturas para justificar el destino que se dio a los fondos públicos si bien lo que en realidad revelaron fue la falta de justificación documental de dónde fueron a parar las cantidades así como el uso supuestamente fraudulento de numerosas facturas de servicios realizados.

Entre las múltiples facturas presentadas para justificar los eventos de Palma se encuentran otras tantas que se refieren en realidad al Valencia Summit o bien no guardan relación alguna con estos enclaves.

Niega estar detrás de contratar a trabajadores ficticios

Mientras tanto, el juez le ha preguntado sobre quien se presentaba como su asistenta personal, Julia Cuquerella, cuyo nombre figura en varios emails incluidos en el sumario de la pieza 25 del caso Palma Arena, en uno de los cuales quedó reflejada la presunta búsqueda de trabajadores ficticios con el objetivo de obtener beneficios fiscales. El imputado se ha desvinculado así de la contratación de trabajadores 'fantasma' con estos fines.

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