La gestión de Prat (ICS) al frente de Innova llega a Bruselas

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EP.- El caso sobre el presunto mal uso de fondos públicos del 'holding' municipal Innova de Reus (Tarragona) ha sido elevado hasta la Oficina Antifraude de la Unión Europea (Olaf), con el propósito de que ésta determine el destino de al menos 600.000 euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) invertidos en esta localidad.

El organismo europeo ha recibido la denuncia firmada por tres miembros de la CUP, los mismos que ya denunciaron ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional al exdirector general de Innova y presidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS), Josep Prat Domènech, por presunta "prevaricación continuada", ha avanzado este jueves 'Diari de Girona'.

El escrito recuerda a la Olaf que diversas partidas de fondos Feder fueron recibidas por el grupo Innova, que engloba a una veintena de empresas, especialmente en la construcción del complejo Tecnoparc Reus, un parque tecnológico ideado como polo de atracción para empresas del ámbito de la salud y la nutrición, entre otros.

El Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publicó en septiembre de 2009 la asignación de 603.000 euros de fondos Feder en la puesta en marcha del Tecnoparc, un proyecto al que la Diputación de Tarragona también dedicó 300.000 euros.

La CUP, por su parte, considera que si el actual Ayuntamiento de Reus ha advertido en las últimas semanas sobre el mal funcionamiento de Tecnoparc S.A., es lógico pensar que las subvenciones Feder al municipio podrían tener un destino diferente al que motivó su otorgamiento.

Asimismo, señalan que Reus ha recibido más fondos Feder para la puesta en marcha de infraestructuras sanitarias y un polígono industrial, por lo que extienden su sospecha al conjunto de las partidas y recuerdan que el responsable máximo de Innova ha sido el mismo Josep Prat.

Prat renunció hace un mes a su cargo en Innova y en el grupo sanitario privado USP Hospitales, para centrarse en su trabajo como presidente del ICS, según aseguró él mismo en una carta remitida a los 40.000 trabajadores de la mayor empresa pública de Catalunya.

Tanto la Generalitat, con el conseller de Salud Boi Ruiz al frente, como él mismo han reiterado en múltiples ocasiones que la compatibilidad de cargos de Prat en la sanidad pública y privada es legal, legítima, no excepcional y no incurre en ningún delito.

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