La modificación del canon del agua es inconstitucional

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Redacción.- El Govern de la Generalitat deberá esperar un mes para poder aprobar la Ley de Acompañamiento de los presupuestos, que incluye una nueva legislación tributaria para la Agencia Catalana del Agua (ACA), que según Ramón Falcón y Tella, catedrático de Derecho Financiero y Tributario, es inconstitucional.

Ramón Falcón y Tella, catedrático en la Universidad Complutense, considera que las reformas que el Govern espera tramitar con la Ley de Acompañamiento para reducir la ingente deuda del ACA, son inconstitucionales en tres puntos diferentes.

Según Falcón, la reforma "configura a las empresas suministradoras como sustitutos, sin garantizar el efectivo resarcimiento de los contribuyentes, lo que les obliga a responder de los eventuales impagados sin razón que lo justifique, ya que no son titulares de la capacidad que se quiere gravar (que por definición corresponde al contribuyente)".

Este catedrático entiende que se duplica el canon del agua de una forma encubierta, ya que la reforma proyectada añade al canon que las empresas suministradoras deben pagar como sustitutos, otro canon al que formalmente quedan obligadas como contribuyentes -el cual el Govern ha rebajado en la última modificación del texto, aunque lo mantiene- sin que sean titulares de ninguna capacidad contributiva, ya que ni la distribución ni la captación de agua son expresivas de capacidad contributiva alguna, como prueba el hecho de que, por un lado, los distribuidores que compran a otros distribuidores no quedan sujetos al canon, y por otro lado, quienes captan el agua que consumen sólo pagan el canon una vez.

Para Falcón, que la reforma "expropia sin indemnización el derecho de las empresas suministradoras a la compensación de los gastos de recaudación del canon, que estaban ya acordados hasta 2015 inclusive", algo que considera que contradice a la Constitución española.

Tras analizar la documentación, Ramón Falcón considera que "la duplicidad que se genera sólo se explica para ocultar la subida a los consumidores, camuflando dicha subida como mayor tarifa, lo que supone una clara falta de correspondencia entre el fin ?la subida- y el medio que se emplea, que convierte en inconstitucional la medida". Además, esta duplicidad resulta desproporcionada ya que genera costes innecesarios, y desvirtúa la progresividad del canon.

Críticas del PSC

El Diputado del PSC Jordi Terrades ha señalado a PressDigital que no ha podido tener acceso al nuevo documento redactado por el PP y CiU, pero que de las declaraciones del Portavoz Francesc Homs se desprende que "lo que hacen es lo mismo" que se había previsto en un momento, pero que "demoran un poco su aplicación y lo posponen hasta 2013"; por lo que los socialistas catalanes siguen en disconformidad.

El PSC, que no quiere entrar en valoraciones profundas hasta que tengan conocimiento del nuevo texto, que se ha de debatir este jueves en sede parlamentaria, lamenta que la reforma conlleva una "duplicidad" y mayor "opacidad" en las cuentas de la Agencia Catalana del Agua.?

Modificaciones de última hora en la financiación del ACA

CiU y PP han acordado en las negociaciones sobre los presupuestos que la tasa que debían pagar los ayuntamientos catalanes por la prestación gratuita de agua potable distribuida en fuentes públicas no entre en vigor hasta dentro de seis meses, lo que según Camacho supone reducir la recaudación prevista por el Gobierno de Artur Mas en 1,2 millones de euros.

Esta enmienda persigue que los ayuntamientos -ahogados económicamente- dispongan de un período de tiempo razonable para estudiar como minimizar el impacto de esta tasa creando, por ejemplo, mecanismos para que el agua de las fuentes ornamentales o la utilizada para el regadío provenga de aguas freáticas.

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