La "caótica" gestión de la renta mínima de inserción protagoniza el informe anual del Síndic

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EP.- Las quejas por la gestión del Govern en torno a la renta mínima de inserción (RMI) han protagonizado las actuaciones del Síndic de Greuges durante el 2011, aumentando un 63% en un año, según ha destacado este lunes el defensor del pueblo catalán, Rafael Ribó, que ha tachado de "caótica" la praxis del Ejecutivo en este ámbito.

Según Ribó, los recortes de la RMI iniciados el pasado mes de agosto mediante decreto "han dejado a miles de personas indefensas y han supuesto un ataque directo a la inclusión social", provocando un alud de quejas ante el defensor, con un total de 1.422.

"El incremento de reclamaciones ha sido espectacular y seguimos pendientes desde agosto de que el Govern nos facilite información en este sentido, lo que evidencia la falta de coordinación y el desorden de datos", ha añadido durante la presentación en el Parlament del Informe anual relativo a 2011.

También ha destacado el aumento de las reclamaciones en materia de sanidad, que se han incrementado un 61% respecto al anterior ejercicio, la mayoría de ellas por lista de espera y gestiones farmacéuticas, alcanzando un total de 575 quejas.

Tras la elaboración del informe, Ribó ha constatado que el Govern "no cumple con la ley prevista para las listas de espera", reguladas en un decreto de garantías, y ha constatado que la sanidad pública es un derecho que se ha visto mermado con los recortes.

Afectación de derechos básicos

Para el Síndic, el aumento de quejas en ámbitos sociales como la RMI --también conocida como Pirmi-- y la sanidad pública evidencian que los recortes "están afectando a derechos básicos y dejando a miles de personas en la indefensión".

"Hemos constatado que a lo largo de 2011 el Govern ha llevado a cabo una mala praxis en determinadas políticas públicas que han comportado una afectación negativa del ejercicio de los derechos individuales, especialmente de los más vulnerables", ha explicado Ribó.

Por ello, ha instado al Ejecutivo a ser "cauto" con las reducciones presupuestarias, especialmente a la hora de tomar decisiones que afectan a los derechos sociales y la universalidad de los sistemas de protección existentes.

Un 32% más de actuaciones

El defensor del pueblo catalán ha realizado 8.180 actuaciones en 2011, un 32% más en un año, algo que Ribó ha atribuido, además de la creciente reducción de prestaciones sociales, a las malas prácticas de la administración, un ámbito que ha recibido un total de 1.303 quejas, principalmente por impagos.

"Muchas pequeñas y medianas empresas han cerrado por culpa de los eternos retrasos en los pagos de la administración, hecho que evidencia que se deberían fijar por ley unos plazos de pago", ha recomendado.

Ribó, quien ha entregado el documento a la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, también ha destacado la cooperación de las administraciones, que ha cifrado en cerca del 92% de los casos, aunque ha lamentado la "nula" colaboración de la delegación del gobierno en Catalunya.

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