La imputación de Osàcar pone en tela de juicio las finanzas de Convergència

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Redacción/agencias.- El juez que instruye el caso del desfalco del Palau de la Música ha citado a declarar como imputado al ex tesorero de Converència Democràtica, Daniel Osàcar, por el desvío de dinero de la entidad, lo que ha alimentado las dudas sobre una financiación ilícita del partido que gobierna actualmente Catalunya.

Osàcar ha negado siempre su implicación en el caso del desfalco del Palau de la Música y las comisiones que pagaba Ferrovial a cambio de la licitación de obra pública cuando Convergencia gobernaba Catalunya antes de la victoria de Pasqual Maragall. Pero esta implicación deja en evidencia tanto al ex tesorero como a su partido, que sigue defendiéndole.

El nuevo juez del caso, Miguel Ángel Tabarés, ha dado un nuevo aire y una nueva velocidad al la causa y ha imputado también a los dos cerebros del millonario desfalco del Palau -Félix Millet y su mano derecha Jordi Montull-, a Gemma Montull, a Emilio Vidal, administrador de GPO Ingeniería, y a Álvaro Palao, también de GPO.

Estas imputaciones, solicitadas por la Fiscalía, forman parte de la causa separada que el juez que llevó el caso del expolio de la institución, Juli Solaz, optó por abrir para investigar si el Palau sirvió para mediar en adjudicaciones de obra pública a la constructora.

Según el auto del juez Miguel Ángel Tabarés, esta causa separada investigará el destino real de las donaciones realizadas por Ferrovial al Palau -habitualmente ingresadas en las cuentas del Orfeó- en el periodo 2001-2008.

Del informe pericial parece deducirse que en realidad eran "contraprestaciones de esa empresa por la adjudicación de obra pública que revertía en beneficio de terceras personas o entidades relacionadas con ella".

Todo ello, dice el juez, sin perjuicio que los intermediarios -Millet, Montull y Gemma- pudieran también "obtener algún beneficio".

El juez Tabarés apunta a que Millet desplegaba una amplia actividad dirigida tanto a reclamar la adjudicación de obras como apremiando a Ferrovial para que no se retrasara en el pago de las cantidades comprometidas.

También se deduce de la documentación encontrada en los ordenadores del Palau que Montull estaba relacionado también con esta práctica, en concreto en relación con la adjudicación de obras de la Ciudad de la Justicia de Barcelona; documentación que también se encontró en el ordenador de Gemma Montull, "colaboradora directa" en la gestión administrativa de su padre.

Las comunicaciones de Millet a Ferrovial iban dirigidas a Buenaventura, que ocupó varios cargos en la constructora, en las que le informaba de adjudicaciones o le instaba a que cumpliera los compromisos económicos con comentarios como: "es indispensable para atender las necesidades que tú ya sabes".

El 4% de comisión

En estas comunicaciones aparece aplicado un porcentaje del 4% al precio de adjudicación de obras, como la de la Línea 9 de Metro, que serían las comisiones, que después se distribuyen en un 2,5% y un 1,5%.

En concreto, de documentación de Gemma Montull fechada en 2008 se desprende que Ferrovial entregó al Palau al menos 1.081.822 euros, de los que fueron destinados 675.855 euros a "pago Daniel -en referencia al ex tesorero de CDC Daniel Osàcar-, 248.433 euros a "cobrar GPO" -cuyos responsables también están imputados- y 157.594 euros a la Fundación.

La Fiscalía también había pedido la imputación de los responsables de otras empresas como Hispart, NewLetter o LetterGraphic, que, según ellos, fueron empleados para el desvío de fondos, pero el juez las ha rechazado en este momento de la instrucción.

El juez no ha señalado las fechas de las declaraciones de los imputados, pero ha ordenado que vuelvan a declarar los peritos que emitieron el informe del que se deriva esta investigación y ha aceptado varios testimonios pedidos por la Fiscalía, entre ellos el de Rosa Garicano, ex directora general del Palau, y las secretarias de Millet y Montull.

Lentitud en el proceso

Todo el proceso de instrucción se ha visto salpicado por las críticas a la lentitud del primer juez que se hizo cargo del mismo, Juli Solaz, que finalmente, y antes de acabar su trabajo, fue destinado a la Audiencia de Barcelona y dejó el caso.

Entre otros aspectos controvertidos de su instrucción, destaca el hecho de que en un momento decisivo de la misma citó a declarar a Millet y Montull después de las elecciones autonómicas.

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