El fiscal general podría dar marcha atrás en el cese de los fiscales del caso 3%

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Maza fiscal 1
Doce años después llega a juicio el caso del 3%. La presunta trama de pago de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas de la empresa pública Adigsa será juzgada a partir de este martes y se sumará a otros numerosos casos de corrupción que implican de una u otra forma a miembros de CDC.Mientras el Fiscal General se está replanteando la decisión de apartar a los fiscales del caso del 3%.

Maza ha pedido informes detallados sobre el proceso, relativo a la supuesta financiación irregular de CDC, antes de tomar una resolución definitiva sobre el relevo de los fiscales José Grinda y Fernando Bermejo, que han llevado el asunto hasta ahora.


El día 21 la Inspección de la Fiscalía General del Estado se puso en contacto con Moix y con los dos fiscales que han investigado sobre la presunta financiación ilegal de CDC para notificarles que tenían que presentar un informe y hacer alegaciones con respecto al proyectado relevo de estos últimos. El fiscal jefe de Anticorrupción tenía hablado el asunto con el fiscal general del Estado, José Manuel Maza. La decisión era cambiar a los fiscales. Pero a la vista del conflicto surgido, Maza ha abierto un plazo para examinar la situación más a fondo y que las partes enfrentadas le den cuenta de sus respectivos motivos. Es decir, cuáles son las ­razones de Moix para quitar el caso a los fiscales que lo han llevado hasta ahora. Y cuáles son las de Grinda y Bermejo para oponerse a ser relevados.


El fiscal general era consciente de que Moix quería huir de los macroprocesos, potenciar las fiscalías territoriales y, sobre todo, llevar un control directo y personal de los principales asuntos que se investigaran en Anticorrupción. Con esos planteamientos, el cambio de Grinda y Bermejo no encontró inicialmente resistencia en la Fiscalía General. Pero luego se ha constatado que el asunto adquiría mucho más calado. El problema para el fiscal general es ahora encontrar una solución que facilite la continuación de las investigaciones sin dejar parte de bajas ni provocar desautorizaciones.


Por su parte los fiscales Grinda y Bermejo dicen en sus alegaciones que tienen fuentes esenciales para la investigación sobre la financiación irregular de CDC y que algunos de los informantes prefieren que los contactos tengan lugar en Madrid para garantizar mejor la discreción de la comunicación. También consideran que las indagaciones están muy avanzadas y que los nuevos fiscales tendrían que dedicar algún tiempo a hacerse con unos antecedentes y una documentación muy complejas.


Adigsa


Pistoletazo de salida del Juicio del 3%

En el banquillo de los acusados de la Audiencia de Barcelona, se sentarán cuatro ex altos cargos públicos del último gobierno de Jordi Pujol y tres empresarios para quiénes el Fiscal del caso pide penas de entre año y medio y diez años de cárcel. En concreto, el tribunal deberá juzgar si hubo fraude en la gestión de planes de vivienda para jóvenes promovidos por Adigsa y si hubo adjudicaciones irregulares de obras de rehabilitación en este tipo de pisos.


La Fiscalía pide diez años de cárcel para el que era consejero delegado de Adigsa, Josep Antoni Fontdevila, y cinco años para el supuesto técnico Jose María Penin. El fiscal afirma que Fontdevila impuso en la estructura de la empresa pública la “extraña intervención” de Penin como supuesto externo para decidir la adjudicación de estas rehabilitaciones. El motivo, según el fiscal, era obvio: que las adjudicaciones fueran a medida de unas determinadas empresas y, consecuentemente, se malversara dinero públicos en beneficio de Penin y los empresarios acusados.


El Ministerio Público asegura que los acusados establecieron un sistema de contratación paralelo con el que supuestamente adjudicaban a dedo las obras a los empresarios acusados: Jose Antonio Salguero, Jordi Honrubia y Ángel Egido, que se enfrentan a penas de cinco a año y medio de cárcel.


Penin, con el aval de Fontdevila, le encargaba de forma informal y con expedientes a medida las obras de rehabilitación a estos empresarios sin que importase demasiado si se hacían bien y que, según una auditoría de Adigsa de 2005, tenían un sobrecoste medio de un 15%. Además de Fontdevila, la trama en Adigsa la completaron, según el Fiscal, el encargado de la empresa Xavier Sala y el jefe del área técnica Jordi Huguet. Para Sala y Huguet, el fiscal también pide nueve años y medio de cárcel.


El TSJC recibe la denuncia de un empresario contra Felip Puig por pedir comisiones


Además, Fontdevila ordenó supuestamente “caprichosa e injustificadamente” pagar a Penin entre 3.000 y 4.000 euros por tasaciones que nunca existieron y se disimularon con facturas falsas, todo ello con el conocimiento de Sala. Penin cobró de esta forma 28.895 euros por trabajos que no hizo y, además, no tenía ni conocimientos ni formación académica necesaria para una tarea para la que Adigsa ya contaba con técnicos internos formados y con estas funciones.


Se da la circunstancia que Penin es pariente lejano del entonces conseller de Política Territorial, Felip Puig, que en aquel momento dirigía el departamento del que dependía de la empresa pública. En el periodo de instrucción, también fue procesado el entonces presidente de Adigsa y exdiputado de CiU en el Parlament, Ferran Falcó, aunque finalmente fue exculpado por el TSJC en 2003.


La causa judicial de Adigsa era conocida hasta hace poco como el “caso del 3%”, dado que se inició a raíz de la polémica alusión al presunto pago de comisiones a CiU con la que Maragall sacudió un pleno parlamentario en 2005: “Ustedes tienen un problema, ese problema se llama 3%”.


La Fiscalía inició su investigación sobre la presunta trama corrupta de Adigsa en 2005, días después de las insinuaciones de Maragall, pero finalmente solo halló indicios de una “mordida” del 20 % que el empresario “arrepentido” José Antonio Salguero confesó haber pagado a cambio de la adjudicación de obra pública de Adigsa.


1 Comentarios

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Quitar el caso a unos fiscales que lo conocen perfectamente, y dárselo a otros que no saben ni de que va, y tendrán que leerse los 18.000 folios para enterarse del asunto, SUPONE UNA AUTÉNTICA PARALIZACIÓN DEL CASO. ¿Es eso lo que quiere el gobierno...?

escrito por Ramón 02/may/17    16:49

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