Margallo propone requisar urnas en caso de referéndum y Santamaría promete amparo a los funcionarios

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El PP sigue firme ante la amenaza independentista que plantea el gobierno catalán y han lanzado varias advertencias por partida doble. Por un lado, el diputado del PP en el Congreso José Manuel García Margallo ha explicado este miércoles que, siendo ministro de Exteriores, propuso a su gobierno impedir la consulta del 9N requisando y destruyendo las urnas y asumiendo el control de los Mossos d'Esquadra 24 horas, y ahora propondría "exactamente lo mismo" para impedir el referéndum que quiere la Generalitat.


Por otro lado, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha querido mandar un mensaje más tranquilizador a los funcionarios catalanes asegurando que se les ampará legalmente si la Generalitat les obliga a saltarse la ley.


Durante el ciclo de diálogos 'España plural, Catalunya plural' de la Asociación de Periodistas Europeos y la Fundación Diario de Madrid, que ha acogido el Col•legi de Periodistes de Catalunya, en el que también ha participado la ex vicepresidenta del Govern Joana Ortega, Margallo ha serntenciado que "ese referéndum no se puede celebrar".


El ex ministro ha explicado que, ante el 9N, propuso un tercer elemento simultáneo a requisar las urnas y controlar a la policía: que el Gobierno impulsara inmediatamente una propuesta de reforma constitucional, algo que el Ejecutivo central también debería proponer en esta ocasión además de prohibir el referéndum.


Margallo ha anunciado que la receta para frenar el 9N suponía suspender la autonomía de Catalunya en virtud del artículo 155 de la Constitución, pero ha precisado que era por un tiempo limitado ya que su propuesta era que el Ministerio de Interior asumiera el control de los Mossos "24 horas". 


El popular ha explicado que el Gobierno central sabía que las urnas del 9N se estaban haciendo en una cárcel de Lleida, por lo que pudo incautarlas, y ha concluido que, como se vio, sus ideas no hicieron mella en el resto de miembros del Ejecutivo; tampoco en el entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha recalcado.


MARGALLO VS ORTEGA


Joana Ortega le ha replicado que una acción coercitiva del Gobierno central de esta características contra el 9N hubiera sido una grave irresponsabilidad, a lo que Margallo ha ironizado: "Eso le pareció al Gobierno".


El ex ministro ha defendido hacer todo lo posible para frenar el referéndum porque el Estado de derecho y la unidad territorial son un valor capital a preservar: "La unidad de España es el bien superior a conservar".


Margallo ha insistido en que para resolver la situación no hay que aplicar solo medidas coercitivas y ha propuesto trabajar en tres ejes: la reforma constitucional; blindar los derechos lingüísticos, e impulsar un "cambio radical" en el sistema de financiación.


También ha dicho que para entender el momento actual hay que admitir "errores" en sus propias filas, el PP, reconociendo que no actuó de forma acertada, por ejemplo, en la recogida de firmas contra el Estatut que luego, en 2010, recortó el Tribunal Constitucional (TC).


NEGACIÓN DEL BOICOT INTERNACIONAL


Ha explicado que, durante su mandato en Exteriores, España buscó la complicidad de la comunidad internacional para rechazar el proceso soberanista catalán, pero ha asegurado que en ningún caso de pagaron con favores materiales a otros países: "Con mi presupuesto no podía ni mandar coca-colas".

Margallo ha cargado contra el proceso soberanista y su toma de decisiones unilateral y ha asegurado que Catalunya tiene "nulas posibilidades" de ser reconocida por la comunidad internacional, por lo que ve condenado al fracaso cualquier intento de independizarse.


En alusión velada al actual Gobierno central, ha advertido de que la situación no se resuelve solo con querellas en los tribunales: "Estamos donde estamos y esto solo se arregla hablando. Esto es un problema político que no se resuelve solo con la brigada Aranzadi, que no se resuelve solo yendo a los tribunales. Hay que hacer política".


Ha insistido en que los soberanistas vehiculen sus iniciativas a través del Congreso y por cauces legales, como hizo en su día el entonces lehendakari Juan José Ibarretxe: "O nos ponemos de acuerdo en que cualquier revisión de la legalidad tiene que ir por el procedimiento establecido o navegamos por aguas ignotas".


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PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS


La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, le ha trasladado este miércoles al presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, su preocupación por la situación que pueden sufrir los funcionarios de Catalunya ante el proceso secesionista, si bien ha asegurado que el Estado velará por la seguridad jurídica de los trabajadores públicos si reciben órdenes ilegales.


La Central Sindical y la vicepresidenta han valorado la defensa del ordenamiento jurídico vigente y la necesidad de preservar la labor y profesionalidad de los empleados públicos catalanes al margen de este proceso, evitando que se vean perjudicados por decisiones de dudosa legalidad.


En este sentido, Sáenz de Santamaría ha conocido de primera mano el protocolo diseñado por el sindicato ante la posibilidad de que se den este tipo de situaciones. El protocolo elaborado por el sindicato, de entrada, recomienda a los empleados públicos que, en el caso de recibir una orden que entiendan que pueda ser ilegal, la pidan por escrito, a la mayor celeridad posible, para tener constancia suficiente y advertir a la Administración de sus dudas. De esta manera, se pretende salvaguardar su responsabilidad ante las consecuencias de su cumplimiento.


En el caso de que el superior jerárquico persista en el requerimiento de la orden, el protocolo recomienda dejar la constancia al superior de su parecer sobre la ilegalidad de la orden y acudir a los recursos legales.

Por último, el CSIF informa en un comunicado que en los casos más extremos, cuando la ilegalidad sea manifiesta, recomienda que el trabajador aplique su derecho a no acatar la orden y ponerlo en conocimiento de los servicios de inspección competentes. Asimismo, el sindicato recomienda interponer la correspondiente denuncia ante la Policía, Fiscalía u órganos judiciales si se estima que se puede incurrir en una situación ilícita, desde el punto de vista penal.


A mediados de mes, el sindicato mantendrá también un encuentro con el Delegado del Gobierno en Barcelona para analizar la situación.

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