Los hermanos Cierco y Joan Pau Miquel enfrentan a 90 millones de sanción por Banco Madrid

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El magistrado español Carlos Nieto debe decidir si la quiebra de Banco Madrid es culposa (responsabilidad del consejo de administración para permitir y / o promocionar prácticas irregulares) o fortuita. La diferencia es sustancial porque en caso de que sea culposa los siete miembros del consejo de administración de la entidad deberían hacer frente a un pago solidario que puede ir del 50% al 100% del dinero que falten en la quiebra. Aunque el balance no está cerrado se calcula que finalmente habrá un descubierto de unos doscientos millones de euros. Con estas cifras cada miembro del consejo de administración debería hacer frente de forma solidaria hasta un máximo de treinta millones de euros. En caso de que sea declarada fortuita no deberían abonar nada, sino que habría una quita.


Los siete miembros del consejo de administración que deberían pagar son José Pérez Fernández (presidente), Joan Pau Miquel Prats (consejero delegado), Higini Cierco Noguer (consejero), Ramón Cierco Noguer (consejero), Ricard Climent Meca (consejero), Soledad Núñez Ramos (consejera) y Rodrigo Achirica Ortega (secretario).


La situación es compleja porque el fiscal, Carlos García Berro, ha pedido explícitamente que la quiebra sea culposa y que sean los siete citados los que paguen todo lo que falte. En cambio, los administradores nombrados después de que Banco Madrid fuera intervenido consideran que es fortuita. Antes de tomar una decisión, el juez Nieto convocará a las partes, tomar declaración y que presenten alegaciones contra las acusaciones de la fiscalía. Nieto se ha encontrado, sin embargo, que cuando ha contactado con el procurador que hasta ahora representaba los Cierco en Madrid le ha respondido que ya no son clientes suyos. Y ha añadido que como gesto de amabilidad (literal) podía dar la dirección de los hermanos en Andorra para que se les envíe una comisión rogatoria.


Varias fuentes jurídicas, tanto de Andorra como de Madrid, han manifestado que todo ha sido una clara maniobra dilatoria porque es comúnmente conocido que este trámite alargará la declaración entre seis meses y un año. Legalmente es imposible que Nieto tome una decisión antes de haber escuchado los Cierco y como no se han negado, sino que ahora hay una comunicación previa entre estados, no se ha producido ninguna situación de rebeldía.


PROCESO MUY LARGO


El proceso para la comisión rogatoria es muy lento debido a que tiene que pasar por múltiples instancias. Del juzgado mercantil de Madrid donde se ve el caso debe ir al organismo central de los juzgados mercantiles, posteriormente al Consejo General del Poder Judicial del Estado vecino y más tarde en el ministerio español de Exteriores. Una vez terminado el periplo en España comienza el de Andorra. Se tramita en el Ministerio de Exteriores del Principado, que debe pasar a la justicia para que posteriormente le llegue a un alcalde en concreto, que la aprobará y gestionar. En total seis meses en los cálculos optimistas y un año en los pesimistas.


Las fuentes jurídicas apuntan que hay cierto enfado entre los círculos judiciales de Madrid porque entienden que el movimiento de borrar el procurador en el momento de la citación ya estaba previsto para conseguir detener el proceso durante unos meses. Una vez el fiscal ha pedido la quiebra culposa, lo más probable es que el juez la termine concediendo aunque es posible que con un porcentaje de responsabilidad menor al 100%. El proceso, según estas fuentes, quedará detenido al menos hasta 2018, cuando se les tome declaración.


"SÓLO HAY UN CULPABLE"


El ficsal Carlos García Berro dejó claro que a su juicio los únicos culpables son los antiguos responsables de la quiebra de Banco Madrid. Para el ministerio público español no se puede responsabilizar ni el Tesoro de Estados Unidos, ni el Gobierno de Andorra, ni el Banco de España, ni el servicio de prevención del blanqueo (Sepblac). García Berro cree que los responsables del banco "para ponerse al margen de la legalidad en materia de blanqueo de capitales" provocaron el "pánico", que derivó en la retirada de 124 millones de euros en tres días y que obligó a intervenir la entidad.

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