Barcelona quiere pedir responsabilidades por la tardía acusación de CDC en el caso Palau

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Tras el rechazo del tribunal a la tardía acusación de CDC por parte del Consorci del Palau de la Música, el Ayuntamiento pedirá al Consorci del Palau de la Música estudiar "responsabilidades" patrimoniales, según ha avanzado el teniente de alcalde de Barcelona Jaume Asens.


El concejal del grupo Barcelona en Comú (BComú) ha criticado en el pleno municipal que, si la Generalitat no hubiese impedido acusar a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en la primera reunión del 12 de mayo, el tribunal que juzga el caso sí hubiera aceptado la modificación de las conclusiones del consorcio, y ha dicho que el consorcio debería estudiar si la responsabilidad patrimonial recaería a los tres representantes del Govern en la entidad, que incluyen al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y al conseller de Cultura, Santi Vila.


El tribunal ha rechazado este mismo viernes la petición del consorcio --que incluye al Ayuntamiento, la Generalitat y el Gobierno central-- de cambiar sus conclusiones, presentadas la pasada semana: "No procede admitir el escrito de modificando las conclusiones definitivas, que ya fueron presentadas el 17 de mayo", concluye la presidenta del tribunal, Montserrat Comas.


"Se deberán estudiar posibles responsabilidades de aquellos que votaron en contra para proteger unos intereses de partido", ha aseverado Asens en declaraciones a los medios, y ha detallado que, antes de pedir analizar estas responsabilidades, esperarán a saber si la Fiscalía aprecia el gesto del consorcio y finalmente se devuelvan al Palau los 6,6 millones de euros que supuestamente CDC cobró a cambio de obras públicas.


RESPONSABILIDADES DE PUIGDEMONT Y VILA


Ha dicho que las responsabilidades serían en este caso patrimoniales, porque "han perdido la oportunidad de reclamar estos 6,6 millones" al tratar de encubrir y eludir responsabilidades de CDC en el caso, según el teniente de alcalde, que ha insistido en que el consorcio debería estudiar y ver si las eventuales responsabilidades serían personales o institucionales para los representantes del Govern, incluidos Puigdemont y Vila.


Preguntado por los medios, ha dicho que "el grado de responsabilidad es diferente" entre el PDeCAT y ERC, ya que los republicanos abogaron por acusar a CDC en el Parlament, que aprobó acusar al partido --refundado en el PDeCAT-- mediante una propuesta de SíQueEsPot y la CUP.


Lo ha dicho después de que el pleno haya aprobado una propuesta de BComú para mostrar la voluntad del Ayuntamiento de que sus representantes en el consorcio abogaran por acusar a CDC, algo que ha contado con el apoyo de todos los grupos excepto el Demòcrata, que se ha abstenido.


La socialista Carmen Andrés --en el Gobierno municipal desde la entrada del PSC-- ha defendido que la postura del Ayuntamiento va en la línea de garantizar la transparencia, algo que pide la ciudadanía las instituciones, y de "eliminar sombras de duda sobre las instituciones".


EL PDECAT SE ABSTIENE


El concejal del grupo Demòcrata Jaume Ciurana ha defendido su abstención al no haberse aceptado dos enmiendas a la propuesta de BComú y, tras el rechazo del tribunal, ha añadido: "La estrategia jurídica que se había marcado el consorcio era la que el tribunal ha considerado oportuna".


Bosch (ERC) ha sospechado que el Gobierno municipal pretendía combatir la corrupción pero que no se hubiese disgustado ante una ruptura del Govern de JxSí que no se ha producido, y ha asegurado que los republicanos "no tapan vergüenzas, sino que van a destaparlas y a permitir que se investigue todo hasta el final", también cuando gobiernan junto a otro partido.


La líder municipal de Cs, Carina Mejías, ha dicho que el debate ha sido inútil dada la decisión del tribunal, tras lo que el popular Alberto Fernández ha criticado que el Gobierno de Ada Colau no impulsara antes la acusación a CDC, y ha avisado a Asens: "Una cosa es hacer justicia, y la otra es hacer de justiciero", lo que le provoca gatillazos judiciales, en sus palabras.


La concejal de la CUP Maria Rovira ha defendido que las administraciones deben ser motor para combatir de forma clara y sin miramientos cualquier tipo de corrupción para "trabajar por una república con una corrupción cero", mientras que el concejal no adscrito, Gerard Ardanuy (Demòcrates) ha abogado por ofrecer la máxima transparencia.

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