La Fiscalía ve probado que CDC usó el Palau de "cañería" para cobrar las comisiones ilegales

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PalaudelaMusica


El fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled ha concluido que el Palau de la Música "era la cañería por la que transitaba el dinero" que la constructora Ferrovial supuestamente pagaba a CDC a cambio de concesiones de obras públicas desde las instituciones que controlaban.


Lo ha asegurado este martes en la exposición de su informe final en el juicio del caso Palau, donde ha mostrado numerosa documentación que "corrobora" la confesión del expresidente del Palau, Fèlix Millet, y su 'número dos', Jordi Montull, sobre los cobros a CDC mediante la institución.


Según el fiscal, los documentos demuestran tanto el cobro de comisiones de CDC como "la inestimable colaboración" de Millet y Montull con el partido, que se cuidaban de cobrar sus servicios --ha dicho literalmente-- quedándose con una parte del dinero que Ferrovial aportaba al Palau para que acabara en las arcas convergentes.


"Hay documentos que son cócteles perfectos porque tienen todos los ingredientes" --sobre las presuntas comisiones--, ha dicho el fiscal al mostrar la documentación: entre ella figura una carta de Millet al exdirectivo de Ferrovial y acusado Pedro Buenaventura, interesándose por unas obras en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), y otro documento, sobre los mismos trabajos, con el supuesto reparto de comisiones.


El nombre del extesorero de CDC Carles Torrent --ya fallecido-- aparece en cartas y archivos digitales de 'word' hallados en el Palau, y en la documentación posterior a 2003, el nombre que aparece "constantemente" es 'Daniel', que el fiscal concluye que es Daniel Osàcar --que sucedió a Torrent como tesorero del partido-- como confesaron también Millet y Montull.


Pero el fiscal del caso Palau es consciente de que los tesoreros de CDC sólo eran "el gatillo de la pistola". "Sin duda, el tesorero del partido no estaba solo. A nadie con un mínimo sentido común se le puede escapar que el tesorero solo no puede sostener todo", ha concluido el fiscal Emilio Sánchez Ulled.


Pese a esta convicción, Ulled ha explicado que decidió acusar solamente al extesorero Daniel Osàcar --dado que su antecesor, Carles Torrent, murió-- y al partido como entidad, pero no a otros cargos: "Me quedo con aquello que pueda demostrar".


Así, ha indicado que el autor de un delito de tráfico de influencias fue el tesorero, y que los exresponsables del Palau Fèlix Millet y Jordi Montull fueron cooperadores necesarios ya que fueron imprescindibles para la plasmación práctica del delito, así como los exdirectivos de Ferrovial y la exdirectora del Palau Rosa Garicano.


LA TRAMA DE GERMÀ GORDÓ


El fiscal no acusó, por ejemplo, al exconseller y ahora diputado del PDeCAT Germà Gordó pese a que la agenda de Millet recoge que asistió a una reunión con Montull y Jaume Camps en abril de 2005 en un hotel de Barcelona.


No pidió investigarle pese a llamarle "poderosamente la atención" la mención de la asistencia de Gordó --exresponsable organizativo de CDC-- a la reunión, justamente, en un momento en el que CDC no tenía tesorero: Torrent había muerto y Osàcar aún no había sido designado.


Una de las vías de la supuesta financiación ilegal se produjo a través de la Fundació Trias Fargas, vinculada a CDC: Ferrovial entregaba dinero al Palau camuflado como patrocinio, la institución pasaba los fondos a la fundación, y ésta al partido "en un trasvase recurrente de fondos", sostiene Ulled.


En este sentido, el fiscal cree que Osàcar miente al decir que los fondos que el Orfeó --una de las instituciones que conforma el Palau-- a la Trias Fargas fueran para proyectos culturales para que se organizaran sardanas en vez de sevillanas, una justificación que Ulled cree que muestra un "mecanismo etnicomental muy particular".


UNA ESTRATEGIA PRUDENTE


El fiscal ha justificado que en su acción acusatoria se ha regido por un criterio de prudencia y no ha acusado de un delito de prevaricación a los responsables de la administración puesto que no considera suficientemente probado que las adjudicaciones a Ferrovial fueran "arbitrarias".


Así, a su entender, las adjudicaciones no fueron arbitrarias porque todas las empresas que optaban al concurso podían merecer ganarlo, pero al final se le daba "al que engrasa", y considera que hubo una conducción teledirigida y retribuida con dinero.


El fiscal considera que este caso demuestra que "el problema es que se paga, porque, si no, no hay oportunidad, y porque parece ser que se interioriza con normalidad que esa forma de garantizar la adjudicación".


Ha explicado que, si bien en un primer momento se pagaba la comisión automáticamente después de obtener una adjudicación, después se instauran unos pagos a plazos no directamente vinculados a una obra concreta: "El pago a plazos supone tener amarrado al que cobra. No solo para que me des una obra concreta, sino para garantizar que me van a llegar un flujo de adjudicaciones".


El fiscal ha recordado que precisamente pide el comiso de los 6,6 millones de euros que supuestamente se embolsó CDC porque es el efecto del delito, y ha puntualizado que considera que debe abonarlo Convergència "o quien le haya sucedido", en alusión implícita al PDeCAT.


El fiscal también acusa a los exresponsables de Ferrovial Pedro Buenaventura y Juan Elizaga de administración desleal, pese a que la empresa se benefició de ello al obtener presuntamente adjudicaciones, porque considera que hubo un abuso de cargo y disposición fraudulenta de los fondos sociales.


LA INSTRUMENTALIZACIÓN DEL PALAU


Ulled ha subrayado el "drama" de que la entidad musical de gran prestigio se viera instrumentalizada para permitir cobrar a los acusados comisiones ilícitas a cambio de obra pública, y ha mostrado documentos en que aparecen obras como la Línea 9 del Metro de Barcelona y la Ciudad de la Justicia, precisamente donde se está celebrando el juicio.


Para el fiscal, en los documentos citados se produce una sinécdoque, una figura retórica que supone tomar el todo por la parte o la parte por el todo: "Aquí se toma el todo por la parte, o por el partido", ya que en muchos documentos se cita a la Generalitat cuando en realidad se habla de CDC, según su tesis.


"Esto es más que una figura retórica, es un esquema mental, una forma de pensar, y eso es lo más triste de todo", ha criticado el fiscal.


En un exhaustivo repaso de la documentación de la causa, tanto la hallada en los ordenadores de los acusados y sus secretarias como en la que se halló en carpetas, ha intentado demostrar que las comisiones pactadas de un 4% por obras adjudicadas llegaban a cuentas de la fundación del Palau, y se sacaban en cheques por ventanilla a favor de la Associació Orfeó Català, y de allí "desaparecía".


"ESFUERZO Y PRESIÓN"


El fiscal ha exhibido una carta de Buenaventura a Millet en que le pedía "hacer un esfuerzo y presión" para lograr adjudicaciones, así como un listado de licitaciones en que participaba Ferrovial como concurrente (subrayado) con un 'post-it' en que se pedía 'Enviar a Carles Torrent', el entonces tesorero de CDC.


También ha mostrado el documento en que se ve cómo se repartían mes a mes las aportaciones que hacía Ferrovial: un porcentaje a 'Daniel' (Osàcar según el fiscal), otro a GPO (siglas que correspondían a Millet y Montull) y una cantidad residual a la fundación del Palau.


El fiscal ha subrayado que, de 2001 a 2011, Ferrovial aportó al Palau 11 millones de euros, una cifra que ve sorprendente: "En 10 años no hay un solo patrocinio de Ferrovial a entidad ninguna que alcance ni por asomo las cifras que se están dando al Palau".


"Nunca se ha negado la existencia de patrocinio por parte de Ferrovial. Lo había. Lo que pasa es que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, el grueso de la aportación económica de Ferrovial se viste de patrocinio cuando no lo es y nunca lo ha sido", ha añadido.


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