Los funcionarios exigen la dimisión del responsable de Dirección de Infancia por posible corrupción

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La sospecha de que el responsable de la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA), Ricard Calvo, podría haber estado favoreciendo y adjudicando subvenciones por valor de 98 millones de euros a varias empresas privadas ha hecho reaccionar a muchos funcionarios.


La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha sido la primera la dimisión de Calvo por aprovecharse de un sector cada vez más deteriorada por los recortes y las decisiones de los partidos políticos.


“La situación está al borde del colapso y la DGAIA hace oídos sordos a las propuestas de los representantes de los trabajadores, al defensor del pueblo y al mismo Parlamento de Cataluña.”, aseguran en un comunicado. Por eso, al revelarse nuevas investigaciones que comprometen al director de la dgaia, el sindicato piden que deje al cargo.


Las empresas que se habrían repartido estas adjudicaciones habrían sido Plataforma Educativa, Fundación Acción Social Infancia (FASI) i Fundación Resilis. Precisamente, otros sindicato, la CGT reveló hace unos días que el actual director general de Atención a la Infancia y la Adolescencia fue director general de la Fundación Fasi, además de ser tesorero de la fundación de la que ésta forma parte, Plataforma Educativa-Fundació Privada Resilis.


El secretario general de CGT Ensenyament, Miguel González, ha explicado que en centros concertados a los que se han otorgado recientemente contratos de hasta 98 millones de euros se llega a pagar 5.457 euros mensuales por niño, "sin ningún tipo de fiscalización ni auditoría pública" sobre su destino.


Se ha referido al pago de alquileres de hasta 5.000 euros mensuales por parte de la Fundació Acció Social Infància (Fasi) a equipamientos de Casa Equipaments, una sociedad limitada que según CGT está participada en el 60% por la fundación, ante lo que el Protectorado de la Generalitat está investigando la Fundación Fasi.


Pese a todo, fuentes de la Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias han asegurado que Ricard Calvo "nunca había tenido responsabilidades ni de director ni de gerente", solo de responsable técnico, y que dejó este trabajo cuando entró en la Generalitat, igual que dejó el cargo de tesorero de Plataforma Educativa cuando entró en el Ayuntamiento de Girona como concejal.


Han subrayado que "en ningún caso tiene ninguna forma de vinculación con las fundaciones" ni participa en las decisiones contractuales, y han visto innecesaria la auditoría que pide el sindicato porque defiende que se han seguido los procedimientos de adjudicación habituales y transparentes, y que esta auditoría no se hace en ningún otro departamen


La relación, por eso, resulta sospechosa y llega en un momento en que la educación parece estar viviendo una "privatización encubierta", denuncian desde CSIF. “Es un tema que se va tapando, desde hace mucho tiempo, evitando que salga a la luz. El problema de base es estructural. Falta de subvenciones, falta de control, políticas obsoletas… Los centros no están adecuados y funcionan como hace 30 años. Los recursos de los que disponen estos centros son casi nulos", se lamentan.


Esta situación lleva a una falta de recursos tan elevadas que los alumnos no pueden disfrutar de actividades extraescolares, o que lo hagan fuera de una escuela pública.


CGT, por su parte, pese a dudar de la versión ofrecida por la Consellería, exige que si bien las adjudicaciones a estas empresas y fundaciones privadas pueden ser legales, se trata de un dinero público que debería quedarse en la fundación e invertirse en mejorar la atención de los menores, en lugar de "desviarse" a empresas privadas.


Mientras tanto, el CSIF ha exigido la máxima transparencia a la administración, que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y dejen de maltratar institucionalmente a los menores y a sus propios trabajadores.

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