Para los partidos de la oposición la Comisión de INIPRO en Viladecans fue "una carrera de obstáculos"

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En el pleno municipal de 26 de mayo de 2016, se adoptó, entre otros, el acuerdo de creación de una comisión informativa especial sobre el Caso INIPRO después de que la Policía Judicial entrara unos días antes, el 4 de mayo de 2016, en el Ayuntamiento de Viladecans por el auto dictado por el Juzgado nº1 de Instrucción de Tarragona en el marco de la Operación Anfiteatro de la Guardia Civil. Esta comisión tuvo una duración de 9 meses y prescribía su estudio al periodo comprendido entre 2009 – 2016, aún estando declaradas secretas las actuaciones judiciales.


Es clave para el desarrollo de una comisión de investigación el establecimiento de las normas de juego y estas -según la opinión pública de la mayoría de los grupos políticos de la oposición- estuvieron hechas a la medida del equipo de gobierno municipal, y así por ejemplo, el alcalde nombró a dedo sin ningún consenso del resto de fuerzas políticas, a la presidenta de la comisión, eligiendo para el cargo a la portavoz de Ciudadanos, Carolina Torres.

No en vano cabe recordar que su alcalde, Carlos Ruiz vivió en 1997 , en esa ocasión como concejal, la controversia suscitada entorno a los contratos rubricados con INIPRO en el año 1994. Concretamente el 20 de noviembre de 1997 cuando el Secretario Municipal, emitió un informe a petición del entonces alcalde en relación a los contratos sobre “Servicios de Atención a la Infancia en Situación de Riesgo de 0 a 3 años” y “Desarrollo de los servicios municipales en el ámbito socio-educativo en el Centre Obert Can Palmer".


En el informe afirmaba el entonces secretario que “la empresa contratista era una persona jurídica inscrita en el Registro Mercantil y por consiguiente, con plena personalidad para contratar, aunque su objeto social no estaba relacionado directamente con los contratos en el momento de su adjudicación”. Aunque se resaltaba en el informe que esta empresa “había firmado con el Ayuntamiento de Viladecans convenios de colaboración para el desarrollo de actividades socioeducativas para el año 1994 a plena satisfacción del Ayuntamiento”.


Es decir le adjudicaron estos servicios “sin tener inscrito el objeto social para la prestación de estas actividades”, requisito que parece ser satisfizo cuatro días después de la adjudicación, y en este sentido se dijo entonces que INIPRO pudo acogerse a esta excepción debido a “su experiencia y capacidad demostradas en otros contratos de servicios de mayor envergadura o importe” avaladas por los técnicos del Ayuntamiento de Viladecans. Ver para creer.


Esto había ocurrido en el Ayuntamiento de Viladecans, en 1994, antes que la Guardia Civil entrará a llevarse documentación en prolongación de la operación Anfiteatro con secreto de sumario sobre sus actuaciones.


Esto explicaría quizás porque se quiso incidir desde el equipo de Gobierno en delimitar a un periodo concreto (2009-2016) el estudio de esta comisión sobre INIPRO y a la que siempre se opuso que se llamara de “investigación” . Se puede entender que la misma naciera coja, al convertir en difícil, investigar posibles responsabilidades políticas cuando se sabe de antemano que la prestación de servicios con la empresa INIPRO se iniciaron a principios de los años noventa.


Pese a todo en el seno de la comisión, parece ser que a base de insistencia, se consiguió el consentimiento para que todos los partidos políticos pudieran acceder a la información municipal que se remontaba al año 1991 y hay quién si pudo encontrar “el origen de la prestación de servicios de INIPRO en el Ayuntamiento de Viladecans” que se inició según se relató públicamente en el pleno del mes de mayo de 2017, desde la misma constitución de INIPRO en 1990. Fue nacer esta empresa y ligar su actividad al Ayuntamiento de Viladecans. Una suerte de cliente institucional para la mercantil sobre la que se ha construido una relación empresarial-institucional ininterrumpida desde entonces, por un periodo que dura de 27 años hasta nuestros días.


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