PSC, Cs y CSQP impugan la ley de la hacienda catalana frente al Consell de Garanties

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Cs, el PSC y SíQueEsPot recurrirán al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) la primera de las dos partes de la ley que busca consolidar la Agencia Tributaria de Catalunya y que, en última instancia, persigue que la Generalitat esté preparada para asumir toda la hacienda de una eventual Catalunya independiente.


Alicia Romero (PSC) y Joan Coscubiela (SíQueEsPot) han comparecido en el Parlament para explicar que han pedido juntos el dictamen al CGE porque entienden que la norma genera una "enorme inseguridad jurídica en los ciudadanos porque está hecha, adrede, para que sea confusa".


Alertan de que "quiere ser al mismo tiempo una ley de 'desconexión' y una ley autonómica, y eso es imposible", y detallan que el texto evita hacer referencias a la Constitución y al Estatut porque, según afirman, JxSí y la CUP pretenden que la hacienda catalana responda a una nueva legalidad catalana sin atreverse a dejarlo por escrito.


Ambos grupos han presentado más de 140 enmiendas al texto, pero la mayoría de ellas han sido rechazadas, y lamentan que "los ciudadanos no tendrán claro a quién pagar sus impuestos" si prospera el redactado final.


Además, critican que la ley prevea que sean asesores fiscales privados los que formen el nuevo Consejo Fiscal para diseñar la estrategia tributaria catalana: "Es como poner al zorro a cuidar de las gallinas".


También en rueda de prensa en la Cámara catalana, el portavoz adjunto de Cs en el Parlament Fernando de Páramo ha deplorado que el Govern cree un "chiringuito" como la Agencia Tributaria Catalana mientras dice que no tiene recursos para reducir las listas de espera sanitarias y pagar los libros de texto a los alumnos.


"No es lo que necesita Catalunya en este momento" y simplemente es una duplicidad administrativa porque ya hay regulación en esta materia estatal, ha destacado De Páramo.


BLOQUEO DE LA TRAMITACIÓN


La norma impugnada es la que se recoge bajo el nombre de proposición de ley del Código Tributario de Catalunya, que se cerró el pasado miércoles en la Comisión de Economía y Hacienda del Parlament y que iba a votarse en el próximo pleno, pero ya no será posible debido al recurso.


Antes de que la primera parte de la hacienda propia llegue al pleno para su aprobación final, el Consell de Garanties Estatutàries debe pronunciarse sobre la legalidad de la norma, y para ello dispone de un mes, un plazo que pospone el proceso hasta como mínimo el último pleno antes del parón veraniego.


La proposición de ley del Código tributario de Catalunya y de aprobación de los libros primero, segundo y tercero, relativo a la Administración tributaria de la Generalitat de Catalunya regula aspectos como la codificación del derecho tributario de Catalunya; la Administración tributaria de la Generalitat; la Agencia Tributaria de Catalunya; la Junta de Tributos; la creación del Consejo Fiscal de Catalunya y el Instituto de investigación fiscal y estudios tributarios.


La norma se aceptó a trámite en octubre de 2016 con el voto a favor de JxSí y la CUP y el rechazo del resto de grupos, y por ahora no presenta demasiadas dudas legales porque busca desarrollar las competencias que la Generalitat tiene en esta materia.


Esta primera parte de la ley busca definir el "continente", es decir, la estructura de la administración tributaria catalana, y la segunda parte buscará definir el contenido, basado en las funciones que asumirá.


Todavía no se ha concretado cuantos libros tendrá esta ley --mañana saldrán adelante los primeros tres --, y se definirá cuando JxSí y la CUP decidan emprender la segunda parte de la norma, la que podría ser más polémica.

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