Un centenar de personalidades reclaman la suspensión del referéndum por "atentar" contra el Estado de derecho

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Un centenar de juristas, catedráticos, empresarios, políticos, periodistas y profesionales de otros ámbitos han firmado un manifiesto cívico en el que piden al Govern que suspenda el referéndum anunciado para el 1 de octubre porque "atenta contra la esencia misma del Estado de derecho", han explicado fuentes de la iniciativa.


Entre los firmantes del documento destaca el exlíder de Unió Josep Antoni Duran i Lleida; el exalcalde de Barcelona Jordi Hereu (PSC); el expresidente del Tribunal Constitucional (TC) Eugeni Gay; el portavoz del nuevo partido Units per Avançar, Carlos Losada, y la catedrática de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Victòria Camps, informa 'El Periódico'.


También lo secundan el diplomático Eugeni Bregolat; el decano de la Facultad de Comunicación de la Universitat Blanquerna, Josep Maria Carbonell; el exlíder del PSC Pere Navarro; el abogado y exdiputado de Unió Jordi Casas; el exconseller de Unió Ignasi Farreres; el exconseller y presidente de E-cristians, Josep Miró i Ardèvol, y el exsenador y exeuroparlamentario de CDC Carles Gasòliba.


Según las citadas fuentes, los promotores de la iniciativa tienen la intención de hacer llegar el texto en los próximos días al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y al del Gobierno central, Mariano Rajoy.


Los firmantes consideran que el 1-O no cumple con los "requisitos imprescindibles" para que sea democráticamente homologable y es contrario al Estatut y a la Constitución, y critican al Govern por estar preparándolo con oscurantismo.


"Las leyes que conducirían a una pretendida declaración de independencia permanecen escondidas a las fuerzas políticas del arco parlamentario que representan más de la mitad del pueblo catalán", señalan.


Añaden que el 1-O es "un artificio que constituye una verdadera sustracción del ejercicio de la potestad legislativa propia de una nación civilizada y de una democracia madura", y advierten de que sustituir la razón democrática por el voluntarismo conducirá indefectiblemente a la perversión del sistema político, a la ruina de la concordia cívica, y a la fractura de la sociedad catalana.


El documento también reclama "a quienes tienen la legitimidad política para hacerlo, y en particular al Gobierno español, que se esfuercen al máximo para acordar soluciones positivas para Catalunya y para el conjunto de España".

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