El TSJC admite a trámite las querellas criminales contra Puigdemont, el Govern y la Mesa
La Fiscalía también ha dado instrucciones a la Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos d'Escuadra, para que, en calidad de policía judicial, investiguen todas las actuaciones dirigidas a la organización del referéndum ilegal.
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha admitido a trámite sendas querellas presentadas este mismo viernes por la Fiscalía Superior de Catalunya contra miembros de la Mesa del Parlament por la aprobación de la ley del referéndum y contra el Govern por el decreto de convocatoria del 1-O.
La Sala de Admisiones de la Sala Civil y Penal del TSJC ha estudiado ambas querellas este viernes por la tarde, según un comunicado del TSJC, y la reunión ha rondado las dos horas.
La querella registrada contra la presidenta del Parlament y cuatro miembros de la Mesa por presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos se acumula al procedimiento ya abierto contra la presidenta Carme Forcadell y miembros de la Mesa que ya instruía la magistrada Maria Eugènia Alegret.
Y la querella contra el presidente Carles Puigdemont y su Govern por los supuestos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos se acumula al procedimiento ya abierto contra la consellera Meritxell Borràs y el entonces secretario de su departamento, Francesc Esteve, y que ya instruía la magistrada Mercedes Armas.
Así, la querella contra Forcadell y cuatro miembros de la Mesa la instruirá Alegret, y la querella contra el presidente Carles Puigdemont y otras doce personas la instruirá la magistrada Armas.
NOTIFICACIÓN EN "PRÓXIMOS DÍAS HÁBILES"
Las resoluciones que recogen los términos de los acuerdos de la reunión del TSJC "se notificarán en los próximos días hábiles", ha informado el tribunal.
El TSJC ha recibido este mismo viernes las dos querellas, que han sido registradas y repartidas a sendos ponentes, los magistrados José Francisco Valls y Carlos Ramos.
La Sala de admisiones del TSJC no ha entrado a valorar las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía en su querella, ya que quien deberá hacerlo será el magistrado instructor en base a las resoluciones donde se recogen los acuerdos alcanzados en la reunión de la sala de admisiones.
La Fiscalía solicitaba las medidas cautelares que se estimen pertinentes "para el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias en que pudieran incurrir los ahora querellados", incluyendo la exigencia de fianza, y, en su caso, embargo de bienes en la cuantía que se fije.
LAS QUERELLAS
A mediodía de este viernes, la Fiscalía Superior de Catalunya ha presentado ante el Tribunal Superior de Justícia (TSJC) la querella contra el presidente de la Generalitat y los miembros de su Govern por la firma de la convocatoria del referéndum del 1 de octubre, y pide fijar medidas cautelares --incluyendo fianzas-- para asegurar posibles responsabilidades pecuniarias.
En la querella presentada este viernes, la Fiscalía pide al TSJC que se acuerden las medidas cautelares que se estimen pertinentes "para el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias en que pudieran incurrir los ahora querellados", incluyendo la exigencia de fianza, y, en su caso, embargo de bienes en la cuantía que se fije.
El fiscal considera que el presidente Carles Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras y el resto de miembros del Govern que estamparon su firma en el decreto de convocatoria pueden haber cometido los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos, y pide a la Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d'Esquadra que adopten las medidas necesarias para impedir el referéndum.
Asimismo, dicha Fiscalía también ha presentado a mediodía de este viernes ante el mismo tribunal las querellas criminales por la convocatoria de referéndum del 1 de octubre y los miembros de la Mesa del Parlament que facilitaron la tramitación de la ley del referéndum, han informado a Europa Press fuentes judiciales.
Una querella es contra los miembros de la Mesa que permitieron la tramitación de la ley del referéndum y la de transitoriedad jurídica --anunciada este miércoles por la Fiscalía Superior de Justicia de Catalunya por los delitos de desobediencia y prevaricación--.
Según dijo el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, estas acciones se hacen "en defensa de la legalidad y del derecho, ante la gravedad de la situación generada en la Comunidad de Catalunya, provocada por los responsables de la Generalitat que actuando en violación de la Constitución y del propio Estatuto de Autonomía y desobedeciendo frontalmente los reiterados pronunciamientos del Tribunal Constitucional".
TRES DELITOS MUY GRAVES
Maza, en una breve y contundente comparencencia el 7 de septiembre "para dar cuenta a la opinión pública", aseguró que estas acciones se hacen "en defensa de la legalidad y del derecho, ante la gravedad de la situación generada en la Comunidad de Catalunya, provocada por los responsables de la Generalitat que actuando en violación de la Constitución y del propio Estatuto de Autonomía y desobedeciendo frontalmente los reiterados pronunciamientos del Tribunal Constitucional", ha explicado Maza.
El fiscal ha detallado que, de momento, se les acusa de prevaricación, malversación de fondos públicos y desobediencia.
ACTUACIÓN DE LA FISCALÍA CON "FIRMEZA, PROPORCIONALIDAD Y CELERIDAD"
El fiscal general ha recalcado que tanto las fiscalías de la Audiencia Nacional y catalanas seguirán actuando "con firmeza, propocionalidad, celeridad" ante el Tribunal Constitucional y Tribunal de Cuentas para garantizar el "marco de convivencia constitucional".
Por otro lado, la Fiscalía General del Estado, en conformidad con el fiscal Superior de Catalunya y de los fiscales jefes de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona, ha dado instrucciones a la Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos d'Escuadra, para que, en calidad de policía judicial, investiguen todas las actuaciones dirigidas a la organización del referéndum ilegal, al ser indiciariamente constitutivas, al menos, de los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos.
En relación a esto, se cursarán órdenes para que intervengan los efectos o instrumentos destinados a preparar o celebrar el referéndum ilegal.
Tras leer el comunicado oficial, Maza ha rechazado contestar a las preguntas de los periodistas porque, en su opinión, no es el momento "oportuno" para hacer "respuestas apresuradas" y dar opiniones "sin la suficiente reflexión".
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